Cerco a Toledo
El cerco contra el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-06) se cierra cada vez más. Su respaldo electoral al actual presidente Ollanta Humala no ha evitado que se abra una investigación en su contra sobre lavado de activos y otras irregularidades en que habría incurrido durante su mandato. Tan cercado está que amenazó con recurrir por ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de aprobarse un informe de una comisión del Congreso para que se le procese por corrupción.
A Toledo se le imputa haber participado en la creación de la empresa Escoteva, un centro financiero con sede en Costa Rica que administraría fondos de procedencia indeterminada. La firma fue fundada en 2012 por la suegra del exgobernante. Con fondos de la compañía se pagaron las hipotecas de dos casas de Toledo en Lima y en el balneario de Punta Sal, además de adquirirse otros inmuebles.
El caso de Toledo tiene muchas lecturas. Por un lado, que en la persecución de la corrupción no hay excepciones; y, por el otro, un aviso contra quienes ejercen el poder de que la impunidad no es eterna y que la justicia un día resplandece.
