Las citaciones como los interrogatorios que habría practicado la Procuraduría General de la República a prominentes colaboradores del expresidente Leonel Fernández ligados al sector construcción son vox populi. Han trascendido los nombres de los citados, pero las pesquisas, apoyadas en viejas auditorías de la Cámara de Cuentas, están revestidas de un denso velo de misterio. Los interrogados, sospechosos de enriquecimiento ilícito, habrían sido incluso vejados al permanecer horas muertas en una oficina o con preguntas sobre cuestiones familiares.
Si es así, el procurador Francisco Domínguez Brito, que ha censurado las arbitrariedades como método de investigación, tendrá que revisar el suyo para no desnaturalizar las pesquisas. Si hay méritos contra los interrogados no tiene más que actuar, sin necesidad de un hostigamiento que se reputa como tortura psicológica.
El método denota persecución, un ingrediente que resta credibilidad y eficacia a la lucha contra la corrupción. Las citaciones y pesquisas no han trascendido, al menos de manera oficial, pero se ha sabido que los expedientes están abiertos y son examinados con rigurosidad.

