Contra Ley de Semillas

Por las características cada vez más manifiestas de un conflicto de intereses el Gobierno debe definir con toda claridad su posición sobre el proyecto de Ley de Semillas, que ha enfrentado a productores y diferentes organizaciones agrícolas. El silencio, por un lado, y la ambivalencia, por el otro, se prestan a suspicacia. En tanto entidades como la Articulación Nacional Campesina (ANC) advierten que con la pieza, del senador Amílcar Romero, se pretende privatizar el material genético.

En medio de las presiones en torno al proyecto ha surgido una Asociación Semillerista de República Dominicana, refrendada por los medios, que según la ANC pretende “producir el control y la privatización a través de la Ley 450-06 sobre protección de los derechos del obtentor de variedades vegetales”.

Un detalle importante en el debate es que los productores no se oponen a la certificación, siempre y cuando sea realizada por un ente público que garantice el libre comercio. Con tales ingredientes, el Gobierno tiene que intervenir y definir con claridad su posición, siempre en apoyo a la producción y los intereses nacionales. Y ojalá que los diputados no precipiten la aprobación de un proyecto que cuenta con la oposición de un sector importante del agro.