Acción salvaje
La bomba de fabricación casera lanzada en una estancia infantil de Nagua representa una acción terrorista y salvaje, que merece la más enérgica condena. Ocurrido en medio de una huelga en el municipio contra el supuesto fraude electoral, el atentado, aunque no causa mayores daños, no puede reducirse solo a un acto repudiable, sino que tiene que ser investigado por las autoridades.
Los propios convocantes del movimiento (Frente Amplio de Lucha Popular, Juventud Rebelde y otras organizaciones) deben ser los más interesados en que se aclare el acto terrorista. Y no está demás señalar que en lugar de huelgas las quejas y denuncias sobre las irregularidades que se habrían cometido en las elecciones deben canalizarse a través de las vías institucionales.
Las autoridades electorales, que están en la obligación de garantizar la más absoluta transparencia en el proceso, no pueden investigar casos que no se han presentado. Los paros solo contribuyen a aumentar la tensión y provocar acciones que ensombrecen los movimientos como la bomba contra la estancia infantil. Mientras, cabe esperar, que el atentado no quede impune.

