¿A quién creer?

Si el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y las deportaciones de indocumentados se realizan con apego a las leyes, como afirmó el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ¿a qué se debe entonces la queja del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la entidad sobre el proceso? Cualquiera pensaría que es animadversión o simplemente otro aviso sobre la necesidad de que el Gobierno retome su ofensiva diplomática para despejar infundios.

Antes que las autoridades, el embajador Lorenzo Jiménez de Luis se ocupó de la aclaración pertinente después de entrevistarse en el Palacio Nacional con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

No ha ocurrido en muchas ocasiones, si es que ha ocurrido alguna vez, que organismos de la ONU se contradigan sobre un conflicto.

El Alto Comisionado cuestionó que el país no haya autorizado la verificación del proceso de expulsión de indocumentados. Alegó que gran parte de los expulsados son de origen haitiano, “a quienes se anuló su nacionalidad dominicana tras un cambio de la legislación en 2013”. Sin embargo, la afirmación ha sido desmentida nada menos que por su propio representante aquí.