Cójanlo

Señal confusa

Si el juez especial Francisco Ortega ordenó entregar a los imputados los documentos sobre el caso Odebrecht, la Procuraduría General de la República no debería resistirse. No hacerlo implica un desacato, que significa más dudas sobre un proceso tan cuestionado como plagado de conjeturas. Si los expedientes de los excluidos no están entre los documentos que se deben entregar a los imputados, el Ministerio Público no tenía entonces motivos para la advertencia. El hecho mismo de que se tuviera que ordenar que se entregaran las acusaciones reviste la investigación de suspicacias. La Procuraduría ha alegado que no tiene que entregar “archivo de un imputado a otros imputados, porque sería poner en el escenario a una persona que de antemano ha salido del escenario, aún fuere provisional”. Pero si es un juez que lo dispone el Ministerio Público no tiene más que aceptar o recurrir la decisión. La advertencia al respecto de los procuradores Laura Guerrero y Milcíades Guzmán envía un mensaje confuso, tanto en lo relativo al derecho a la defensa de los imputados como en cuanto a las pruebas que sustentan las acusaciones.