Ley burlada

La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes y nada parece la misma cosa. Además de los funcionarios declarar lo que les parece, con la seguridad de que no se efectuará ninguna investigación, se permiten, como ha reconocido el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, ignorarla.

Es lo que explica que a la fecha 3,498 funcionarios, en su inmensa mayoría municipales, no hayan cumplido a la fecha con el mandato. Y que otros, como el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, dejaran pasar el plazo para presentar su declaración de bienes.

Y lo peor es que la Procuraduría General de la República ni ningún otro ente han mostrado la menor disposición por ponerle el cascabel al gato.

En el desorden que tanto cuestiona la transparencia la Cámara de Cuentas tiene su cuota de responsabilidad al no investigar, como manda la propia ley, la procedencia de los bienes que declaran los funcionarios. Impotente hasta la propia opinión pública parece que se ha rendido ante la burla que reconocen las autoridades.

Por las violaciones no se recuerda la menor sanción contra ningún funcionario.