La sentencia que condena a la Junta Central Electoral (JCE) a pagar 9 millones de dólares a la empresa Somo ha sacado a relucir los conlictos internos que se verifican en el tribunal.

Para el presidente de la Cámara Administrativa, doctor Roberto Rosario, el tribunal se buscó la condena al insistir en una demanda que no tenía posibilidad de prosperar.

Pese a que tres auditorías habían demostrado que los cuestionamientos de la Junta contra Somo eran infundados, el pleno se expuso al querer dirimir el caso en los tribunales.

La voz cantante contra Somo la ha tenido el presidente del tribunal, doctor Julio César Castaños Guzmán, quien no ha ocultado su desacuerdo con la actual estructura administrativa de la entidad.

Los 9.42 millones de dólares que habrá que pagar al consorcio Soluciones Modernas por la automatización del registro civil representa un duro golpe económico para la entidad. Máxime con el montaje de un proceso electoral al doblar de la esquina.

Rosario, a diferencia de Castaños Guzmán, siempre ha defendido la transparencia del contrato, y el trabajo de Somo. Según el funcionario el acuerdo había sido avalado por el Banco Mundial.

Pero la verdad es que las diferencias entre los jueces electorales han vuelto sobre el tapete con la sentencia de un tribunal arbitral designado por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Preocupa que más por asuntos personales que legales se tuviera que llegar a tales extremos.