Cójanlo

Pone a prueba la autoridad del Ministerio de Educación el abuso de los colegios que han excluido de los exámenes finales a los estudiantes que no están al día con las mensualidades. Ningún estudiante puede ser privado de la evaluación final por la causa que, en forma arbitraria, han invocado directores de enseñanza privada. Educación no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que los propietarios de esos centros se salgan con las suyas. Es un crimen que un estudiante tenga que reprobar un curso porque el director de su centro se niega a impartirle la prueba final por problema de pago. No vale el argumento de que los colegios son un negocio, pues primero está el carácter obligatorio de la enseñanza. Los dueños de centros privados han hecho lo que les ha dado la gana en cuanto a tarifas, uniformes y cambio de libros, pero no se puede tolerar que también abusen de los estudiantes que por alguna razón los padres no han podido cumplir con la cuota. Educación tiene que intervenir con todo el peso de la ley para evitar que un alumno pierda su año escolar por ninguna razón. Y tomar nota sobre los problemas de la educación privada.