Había que ser muy iluso para esperar que se llegaría hasta las últimas consecuencias en la investigación sobre los 92 millones de dólares que dijo el consorcio Odebrecht que pagó en sobornos entre 2001 y 2014 para que le adjudicaran obras. Los primeros sometimientos evidenciaron un carácter selectivo. Ahora, lo que costaba aceptar, por más curado de asombro que se esté, era una chapucería tan burda.

El procurador Jean Alain Rodríguez y su equipo se apartaron hasta de la prudencia más elemental. De las 17 obras asignadas a Odebrecht por más de 6 mil millones de dólares, solo dos correspondieron 2000-04. Una es el Acueducto de la Línea Noroeste, que se contrató por 220 millones de dólares en 2002 y se terminó en julio de 2007 con una inversión de 251 millones de dólares. Un detalle que llama la atención es la afirmación del exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa), Roberto Rodríguez, de que en 2004 la obra estaba avanzada en un 95%.

Pero a Rodríguez, un importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), había que incluirlo en el expediente, a pesar de al solicitar medidas de coerción contra Rodríguez y otros el Ministerio Público declaró que el soborno que distribuyó la constructora a través de Ángel Rondón había sido canalizado a partir de 2007.

En 2006, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pasó a controlar las cámaras legislativas. A partir de esa fecha Andrés Bautista, quien había presidido el Senado concluye su labor legislativa. Pero, en su condición de presidente del PRM, había que involucrarlo en el escándalo de corrupción para manchar tanto su reputación como la de su partido.

Lo mismo cabe en el caso de Jesús Vásquez, que si bien ganó la reelección, es obvio que en el cuerpo carecía de influencia como para conseguir que se aprobaran los préstamos para Odebrecht. El caso es que mientras del PRM hay tres acusados, del PLD, en cuyos Gobiernos se han adjudicado 15 contratos solo están el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el senador Tommy Galán. Los otros acusados son Rondón y el abogado Conrado Pittaluga.

Los cabos sueltos no terminan en las citadas contradicciones. Al negar que se pagara soborno para la adjudicación de las plantas de Punta Catalina, el procurador afirmó que sí se había hecho para el financiamiento. Sin citar nombres habló de un senador y un diputado.

Pero resulta que a pesar de que los diputados tienen que sancionar los contratos de préstamos, el colmo de los colmos es que entre los siete imputados no hay un solo miembro ni exmiembro de la cámara baja. Al margen de otros ingredientes que desacreditan la investigación lo que sí se ha confirmado una vez más es que lo demasiado hasta Dios lo ve.