Espero que alguna vez, en algún rincón del camino, sea comprendido y valorado, el papel que ha jugado Altagracia Paulino a lo largo de sus 30 años luchando por los derechos de la gente.

Ahora, bajo el prisma de los intereses y las confrontaciones, no es tan sencillo entenderla.

A lo largo de muchos años, trabajando con las uñas, buscando, a veces sin encontrar, respuestas o posibilidades para financiar los proyectos en los que se involucraba para defender a la población consumidora, he conocido el ejemplo que ofrece quien es hoy directora general de Pro.Consumidor, la periodista Altagracia Paulino.

A lo largo de muchos años esta mujer ha mostrado un valor en una actitud desinteresada que le ha acarreado más de un serio problema y más de enemigo. Era, para mucha gente, una radical que intentaba vanamente con un programita de televisión, cambiar las reglas de juego del servicio y el consumo

Altagracia Paulino incluso abandonó el ejercicio del periodismo para crear la Fundación Dominicana de Consumidores (FUNDECON), estableció relaciones nacionales e internacionales, se especializó en derecho de los consumidores e incluso declinó la posibilidad de ser la primera directora del Instituto de Protección del Consumidor (Pro.-Consumidor) por haber sido un ente fundamental en la aprobación de la ley que le dio origen.

Es muy poca la gente que sabe que La resolución No. 39/248 de la ONU aprobada en fecha 09 de abril del 1985, instó a los gobiernos de los países miembros a legislar para garantizar los Derechos del Consumidor; e intensificar sus esfuerzos para impedir el empleo de prácticas que perjudiquen los intereses económicos de los consumidores, garantizando que los productores, los distribuidores y cuantos participan en la provisión de bienes y servicios cumplan las leyes y las normas obligatorias vigentes.

Esa resolución daba aliento a las organizaciones de consumidores para que vigilen prácticas perjudiciales como la adulteración de alimentos, la comercialización basada en afirmaciones falsas o capciosas y los fraudes en la prestación de servicios.

El 1999 resultó ser un año fundamental por la lucha del derecho de los consumidores, ya que el presidente Fernández incluyó en la Constitución el artículo 53 que establece éstos derechos.