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El contraste entre el final de un mandato presidencial en Estados Unidos en comparación con América Latina es apreciable.

La falta de institucionalidad y de un régimen de consecuencia para quienes violenten la ley amparada en la protección del poder sigue carcomiendo el debilitado y cuestionado sistema democrático Latinoamericano.

Ver a un expresidente estadounidense perseguido por la justicia por cargo de corrupción es muy difícil debido a que las instituciones, además de sólidas, son muy respetadas y vigiladas.

Por ejemplo, Barack Obama quien gobernó la nación más poderosa del planeta entre 2009-2017, apenas concluyó su mandato emprendió una gira vacacional con su familia.

En Latinoamérica muchos mandatarios terminan sus funciones desacreditados y con expedientes instrumentados ante los aparatos judiciales, especialmente por actos de corrupción en el manejo de los fondos públicos.

La hermosa y ejemplar excepción en la última década fue la del exmandatario uruguayo, José Mujica, quien dio cátedra de honestidad, prudencia, humildad y ética al conducir los destinos de su país en el periodo del 2010-2015.

Hubo quienes intentaron ridiculizarlo aduciendo que era un presidente de mente pobre, no obstante, el mensaje proyectado por Mujica a la comunidad mundial era de que se puede conducir el poder del Estado sin tener que cambiar los hábitos de comportamiento social, sin depredar los fondos públicos y actuando con moderación y sin aplastar al contrario.

Por eso, hoy descansa tranquilamente en su granja con sus familiares cercanos en las afueras de Montevideo, capital de Uruguay, sin temor a desplazarse solo por cualquier sector de ese lindo país suramericano.

El antiguo líder del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros dio una lección de pulcritud y de transparencia digna de imitar, y ello le ha permitido el privilegio de ser invitado frecuentemente a impartir conferencias internacionales.

Institucionalidad

En Estados Unidos, en cambio, el sistema de partidos, la democratización e institucionalidad así como el respeto a las normativas legales desde las instancias máximas del poder garantizan un final de una gestión gubernativa sin traumas.

Pero en Latinoamérica es todo lo contrario donde todavía los golpes de Estado, violaciones a las normas constitucionales y procesales, el presidencialismo así como la fragilidad del sistema de partidos siguen presentes erosionando sensiblemente las posibilidades de desarrollo económico, político y social de su población.

El descrédito del sistema de partidos en República Dominicana es evidente y preocupa a la cúpula de las principales organizaciones que observan atónita como el Movimiento Marcha Verde ha concitado el apoyo de millones de dominicanos que desde hace meses vienen participando en las protestas contra la corrupción y la impunidad.

A esto se agrega la atomización y la falta de renovación de los cuadros dirigenciales altos y medios en las principales organizaciones como el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde su presidente Leonel Fernández tiene quince años en el cargo y Reinaldo Pared Pérez lleva 16 años como secretario general.

Lo mismo ocurre en lo que queda del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyo presidente Miguel Vargas lleva casi diez años conduciendo esa entidad.

En el fragmentado Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) la división está presente con el eterno Quique Antún al frente de esa entidad, y por el otro lado, Ito Bisonó y Josecito Hazim buscando su renovación.

La reelección a esos cargos en el interior de las denominadas organizaciones mayoritarias se realiza al margen de la participación en asambleas de sus bases que ni siquiera tienen derecho a elegir sus dirigentes.

Corrupción amparada en el Poder

El cáncer de la corrupción esparcido por el cuerpo de las principales instituciones es el factor principal de la generación de pobreza en la región.

Organismos mundiales como el Banco Mundial lo vienen advirtiendo en distintos estudios donde se resalta el crecimiento de los excluidos en América Latina.

La prensa internacional reseña que el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue llevado el martes 20 de junio ante el Juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de La Florida, vistiendo el uniforme de prisionero y esposado de manos y pies.

Estampa de un clásico delincuente aunque cuando dirigía su país era todo un señor de saco y corbata.

Está acusado de usar dineros públicos para espiar ilegalmente a más de 150 opositores durante su mandato 2009-2014 y fue apresado recientemente en la ciudad de Miami por agentes federales de la Interpol.