Tal vez el presidente del Colegio de Abogados no lo entienda, y menos en medio de una campaña del gremio en que aspira reelegirse, pero plantea un conflicto de intereses que policías postulen como abogados en los tribunales. Si el ejercicio de los agentes no se prohíbe, como contempla el proyecto de reforma policial, debe por lo menos regularse.
La restricción no constituye ningún atropello ni desconoce a los profesionales del Derecho que forman parte de la institución del orden, como declaró Diego José García. Lo que se procura es prohibir que agentes que intervienen en investigaciones como auxiliares del Ministerio Público también suban a estrados para defender a acusados.
Los agentes pueden elegir entre la institución o el ejercicio de la profesión. El sistema institucional todavía está muy lejos hasta de enjuiciar a los propios agentes que contaminan investigaciones por intereses de algún tipo. Como presidente del Colegio de Abogados, García debe más que saberlo. Hasta por sentido común.
El Nacional
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