Lejos de aplacarse se torna más ruidoso el conflicto de jerarquía que desde un primer momento han protagonizado la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional.

Sin reparar en las consecuencias sobre la seguridad jurídica y el sistema institucional, el Poder Judicial, que preside Mariano Germán, ha vuelto a desacatar sentencias de la corte presidida por Milton Ray Guevara.

Al ratificar una sentencia sobre el derecho a la pensión, que califica de irrenunciable, el Constitucional advierte a la Suprema Corte de Justicia que es obligatorio dar cumplimiento a sus decisiones porque en materia constitucional es el que tiene la última palabra. Pero parece que la Suprema Corte lo ignora, decidiéndose por sus propias decisiones.

En esta ocasión lo que está en juego no es si procede o no el recurso de Freddy Dolores Pérez, quien busca que se le restituya su derecho a pensión por los 35 años laborados en Price Water House Cooper Interamericana. A pesar del enfoque jurídico en que se apoya, el asunto está en que de acuerdo con el Constitucional el Poder Judicial ha desacatado una sentencia que emitió sobre el caso.

Además de acusar a la Suprema Corte de Justicia de violar la Constitución, la alta corte indica que con el desacato en el caso de Pérez también vulnera el principio VIII del Código de Trabajo en cuanto a que en la concurrencia de varias normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador. El conflicto no es para sacar conclusiones, sino para preocuparse.