POR: Orlando Gómez Torres
orlando.gomez@gmail.com

Si bien la prensa mantiene discrepancias respecto de los montos envueltos en los fastidiosos repartos de dinero en nuestro Congreso, para fines tan ridículos como habichuelas con dulce y electrodomésticos para el Día de la Madre, al parecer el consenso indica que las sumas repartidas rondan entre RD$200 millones y RD$175 millones en total en lo que va de año. Esta deshonra a la institución del Congreso realizada por los políticos que ocupan curules dentro de este, habla volúmenes sobre lo podrida que está la política dominicana, y cómo estos explotan para su beneficio la pobreza de la gente a la que están llamados a representar.

La asistencia social directa no es, y nunca debería ser, función del Poder Legislativo por lo que esa acción tiene un fin abiertamente político y clientelista que procura avanzar ninguna de las funciones reales que impone la Constitución a los legisladores. Esto no solo es corromper la función legislativa, sino entrar en el campo del uso abierto de los recursos del Estado para fines electorales. Hasta el mismo Balaguer, que fue un maestro del fraude, supo guardar mejor las apariencias que nuestros “Honorables”.

Mientras nuestros legisladores se regodean públicamente con sus repartos y barrilitos, entidades con funciones más complejas y de intervención directa a nivel nacional como la Justicia y el Ministerio Público siguen teniendo que remarlas con sus magros presupuestos que solo les permiten tener oficinas en apartamentos de cuarta o en furgones en las provincias del interior, todo ello con el propósito de hacer cumplir el montón de leyes pobremente consideradas y preparadas por nuestro suntuoso Congreso.

Sin embargo, lo más indignante de la acción de nuestros congresistas es el uso de la institución del Congreso para humillar y denigrar a las personas pobres que terminan recibiendo sus asqueantes dádivas. Que en calidad de político en campaña se explote la pobreza ajena regalando bienes o dinero con un propósito electoral es algo a lo que nos hemos venido acostumbrando gracias a gente como Amable Aristy Castro, sin embargo que personas en calidad de legisladores y empleando fondos del Estado asignados al Poder Legislativo lo usen para denigrar a gente pobre con dádivas de cuarta, ya es otra cosa.

El Poder Legislativo como ente fiscalizador del Poder Ejecutivo, encargado de determinar la distribución de los recursos del Estado y creador del marco legislativo que incide sobre la economía, es el principal responsable de los resultados que hemos obtenido de nuestro modelo económico y la pobreza que este ha creado. El hecho de que este tenga la desfachatez de asignarse fondos para denigrar la pobreza que ellos mismos crearon para sus electores, los mismos ciudadanos a los que estos están llamados a representar, es abiertamente un insulto contra todos

Más indignante aún es la incapacidad de los señores que ocupan curules en nuestro Congreso de comprender la diferencia entre el político y el legislador cuando estos tratan de justificar esa horrenda acción. Ya basta de insultar a sus representados, “honorables”.