El Consejo del Poder Judicial (CPJ) aclaró hoy que no guarda relación con el funcionamiento, ni condiciones de seguridad, la decisión tomada el 14 de septiembre por el juez que ordenó al Ayuntamiento de Licey Almedio abstenerse de suspender las operaciones de la envasadora de GLP Coopegas, donde el pasado 3 de octubre ocurrió un incendio que provocó la muerte de 10 personas y varios heridos.

En una nota aclaratoria firmada por Gabrier Cabreja Polanco, coordinador general de comunicaciones y asuntos públicos del CPJ, se informó que la medida fue tomada como parte de una acción constitucional de amparo preventivo, promovida por la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples La Económica en contra del Ayuntamiento del Licey.

Explicó que la acción de amparo está fundamentada en que el Ayuntamiento le notificó una intimación de pago de arbitrios y al mismo tiempo una amenaza de cierre.
Dijo que con el recurso, lo que se buscaba era que el tribunal ordenara al Ayuntamiento abstenerse de cerrar las estaciones por falta de los arbitrios.

Por tal razón explicó que el proceso, motivado en la solicitud de cierre por falta de pago, no tiene relación con el funcionamiento de las estaciones, ni con sus condiciones de seguridad.
Según Cabreja Polanco fue en ese tenor que como medida cautelar se ordenó al Ayutamiento abstenerse de suspender, cerrar u otras maniobras en contra de las estaciones, hasta la celebración de la próxima audiencia el 8 de octubre, la cual fue aplazada para el día 15, fecha en que se cerraron los debates, fijando la emisión del fallo para este 22. Dicha decisión no se había dado hasta este mediodía.