Santo Domingo.-La decisión del Tribunal Constitucional (TC) declarando inconstitucional el numeral 6 del artículo 44 de la Ley de Partidos 33-18 que penalizaba la difusión de mensajes negativos contra los candidatos en la precampaña electoral, afianza el Estado constitucional y reconoce la libre expresión del pensamiento en la República Dominicana, afirmó el sábado el abogado constitucionalista Namphi Rodríguez.
Dijo que lo que se buscaba en la Ley de Partidos era realmente evitar que la ciudadanía realizara denuncias de corrupción contra los políticos y las organizaciones políticas, actitud que definió de draconiana.
“Al fin y al cabo lo que subyace en leyes mordaza como esa es producir una inhibición de la ciudadanía para que no haga denuncia de corrupción, bajo el concepto de mensajes negativos, yo pienso que la decisión del Tribunal Constitucional que la tendremos que conocer en su extensión cuando se publique, es una decisión que afianza el Estado constitucional frente a una Ley de Partidos draconiana que desconocía la libre expresión en las redes como desconoce otros derechos como la libertad de asociación y los derechos de los afiliados de los partidos”, sostuvo.
Agregó que “en el caso específico de la libertad de expresión es una ley que contravenía la Constitución, entonces el Tribunal Constitucional estaba obligado a hacer un juicio de constitucionalidad y expulsar en la parte de la ley que contravenía la Constitución en la parte de la libertad de expresión”.
Rodríguez afirmó que en el ordenamiento jurídico de la República Dominicana hay varias leyes que son verdaderas amenazas contra la libertad de expresión, una de ellas es la Ley 15-19 de Orgánica de Régimen Electoral.
“Todavía en el ordenamiento jurídico dominicano hay varias leyes que son verdaderas espadas de Damocles, verdaderas amenazas, esta la ley 15-19 que penaliza hasta con 10 años de prisión el delito de difamación e injuria, un delito que está consignado con pena de apenas 6 meses en la Ley 6132 de Libertad Expresión y Difusión del Pensamiento, estamos hablando de una ley que distorsiona el delito cuando afecta a políticos y organizaciones políticas”, consideró el experto.
Agregó que “también elevamos un recurso contra esta ley 15-19 de Régimen Electoral y esperamos que el Tribunal Constitucional se pronuncie contra las disposiciones contenidas en el artículo 284 de esta normativa, porque es una ley que distorsiona el delito cuando el delito afecta a políticos y organizaciones políticas, es la típica ley de desacato como se conoce en el lenguaje jurídico”.
Rodríguez sostuvo que la Ley de Régimen es desproporcional al castigar la difamación e injuria, y entra en contradicción con la sentencia del Tribunal Constitucional TC0075-16, que establece que cuando se trate de políticos y funcionarios públicos no tenga privaciones de libertad.
Rafael Alburquerque
Mientras que el exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque elogió la decisión del TC de anular las disposiciones de la ley de Partidos que penalizaban la difusión de mensajes negativos en las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos.
“Yo creo que es una buena decisión de parte del Tribunal Constitucional porque garantiza la libertad de expresión. La cual tendrá sus límites, pero para eso está precisamente la ley de difamación e injuria”, expresó el dirigente peledeísta.
