Sin que se haya convocado a la primera reunión para discutir lo relacionado con el proyecto de reforma fiscal, aflora ya la primera contradicción entre Gobierno y alto empresariado, con el rechazo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) a la creación de nuevos impuestos, lo que contrasta con el criterio oficial de que la presión tributaria debería al menos incrementarse del 13 al 15 por ciento del Producto Interno Bruto.
El presidente del Conep, Manuel Díez Cabral, dijo que ese gremio favorece un tipo de reforma que combine más eficiencia en la recaudación de impuestos con reducción del Gasto Público, pero el ministro de Economía, Temístocles Montás, considera que la presión tributaria debería incrementarse de un 13 a un 15 por ciento.
Es claro que al abordar el tema de la reforma fiscal, Gobierno y Conep hablan lenguajes diferentes, incluso para referirse a un asunto tan sencillo y obvio como lo referido al Gasto Público, sobre el cual, el primero lo alude con el término de reorientar, mientras el gremio empresarial usa el verbo reducir.
Para incrementar la presión tributaria en dos puntos porcentuales del PIB se requiere identificar nuevas formas de tributación, porque resulta imposible conseguir 40 mil millones de pesos adicionales sólo a base de mejoría en las recaudaciones o por vía de reducir hasta la nada el Gasto Público.
Otro tema con enfoque divergente entre Conep y Gobierno es el relacionado con los mentados gastos tributarios, ascendentes a 118 mil millones de pesos anuales que recibe el sector productivo en exenciones y exoneraciones. Las autoridades aspiran a reducir ese monto, pero el empresariado considera que lesionaría las expectativas de competitividad del sector.
Esas contradicciones afloran sin que gremio empresarial ni Gobierno se hayan visto la cara en una mesa de negociaciones y sin que se sepa todavía cuál es el monto real del déficit fiscal que se pretende reducir con una reforma tributaria. Y cuál sería el aporte del empresariado para evitar que una posible reforma fiscal no se sustente en impuestos regresivos que afecten a la población.
El Fondo Monetario Internacional, con el cual el Gobierno aspira a algún tipo de acuerdo que le permita respirar, presenta también remedios de solución al déficit fiscal de perniciosos efectos colaterales, por lo que puede decirse que el presidente Danilo Medina se encuentra literalmente bajo un fuego cruzado.
Se insiste en la necesidad de que Gobierno y sector productivo se acerquen a un punto intermedio para lograr niveles de consenso que reflejen sacrificio compartido, sin que en ningún modo se pretenda colocar más carga impositiva sobre hombros de una población que ya no aguanta más.

