De ser aprobada la propuesta de que, constitucionalmente, la Contraloría quede supeditada al Poder Ejecutivo y su incumbente nombrado por decreto del Presidente de la República, se dará un rudo golpe a la pretensión de controlar de manera efectiva los recursos públicos.

En efecto, la Cámara de Cuentas, en sus obligaciones, está dedicada a una labor de post auditoria, es decir, revisar los documentos relativos a los ingresos y erogaciones del sector público, cuando éstos ya se han ejecutado, ejerciendo además una labor complementaria de revisión de las operaciones del presente cuando sus inspectores sean asignados a la fiscalización de una dependencia oficial.

Esto quiere decir que la Cámara de Cuentas está supeditada a revisar papeles viejos de operaciones que ya fueron realizadas. Aún más, una vez la erogación se efectuó, si envolvió un dolo, una irregularidad, o un desvío de fondos públicos a favor de particulares, mientras se averigua el caso, cientos de funcionarios y otros particulares beneficiados, se quedan disfrutando con los recursos del pueblo.

Esto convierte a la Cámara de Cuentas en un organismo casi inoperante.

La clave para ponerle el cascabel al gato se encuentra en la preauditoría, es decir, revisar antes. Esta labor es la que debe realizar la Contraloría General de la República, que es la que trabaja en el día a día, y tiene la oportunidad de revisar toda documentación que ampare una erogación de fondos, una contratación que envuelva grandes recursos.

Con funcionarios con gran poder político, la presión del contralor es grande al momento de hacer cumplir las normas.

Es por eso, que el Contralor y Subcontralor deben ser funcionarios nombrados por el Senado, de ternas suministradas por la Cámara de Diputados, la sociedad civil y los gremios representativos de la Contaduría Pública.