La corrupción administrativa es un cáncer que ha hecho metátesis en el cuerpo de nuestro Estado desde su origen, con nuestra primera Constitución, la de la villa de San Cristóbal, del 6 de noviembre de 1844.

Recordemos que el general Pedro Santana, con la fuerza militar, como clara manifestación del corruptor delito de abuso de poder, atemorizó a los constituyentes hasta hacer que le aprobaran la Carta Magna que quería. Le bastó con injertarle al texto sustantivo liberal que se pensaba aprobar el funesto artículo 210. Con esto se convirtió en amo y señor de orca y cuchillo, y sin responsabilidad, e hizo del primer Pacto Político un adefesio.

Santana llegó hasta a condenar a muerte, fusilar, expatriar y declarar traidores a la patria a los verdaderos patriotas, incluyendo al patricio Juan Pablo Duarte. No conforme con esa felonía, llegó a vender el país a España, con la anexión de 1861, por un título de Marqués de Las Carreras.

Luego tuvimos gobernantes, como Buenaventura Báez, que además de intentar vender por pedazos el territorio nacional, se robaron hasta los cubiertos de plata del Palacio Nacional.

También a los tiranos Ulises Heureaux y Rafael Leonidas Trujillo Molina, que hicieron del país su finca personal. Robaron y asesinaron personas como si fueran ganado de su propiedad.

Parece que los malos versos de Ramón Campoamor, con su poesía filosófica, le cayeron encima como una maldición al Estado, cuando afirmó que árbol que nace torcido nunca sus ramas endereza, porque se hace naturaleza el vicio con que ha nacido.

Ciertamente, así es. Por eso los gobiernos de los hombres honestos y que se esforzaron por ser íntegros, como Ulises Francisco Espaillat y Juan Bosch duraron en el poder apenas siete meses cada uno. La vida de las ovejas es corta cuando están rodeadas de lobos hambrientos.

En este tramo de vida democrática, posterior a la Guerra de Abril del 1965, los gobernantes se han preocupado, como estrategia, por acumular fortunas para seguir en la actividad política sin problemas económicos. Y la corrupción descarada es el medio para lograr sus propósitos.

Durante su primera campaña electoral, que lo llevó al poder en el 1996, Leonel Fernández denunció que la corrupción administrativa se llevaba entre las uñas más de treinta mil millones de pesos al año. Y se quedó corto. Con el incremento del Producto Interno Bruto (PIB), hoy día esa cantidad se la roba en pocos días un puñado de funcionarios cómplices, y con el pretexto de que hay que seguir en el poder cueste lo que cueste. Para ellos, el fin justifica los medios.