El incremento de la covid-19, también llegó a nuestro país, en esta tercera ola que estremece al mundo con nuevas formas de comportamiento de un virus que ya hace un año mantiene en vilo a la humanidad.

La crisis planteada por la pandemia de una enfermedad complicada y aún bastante desconocida en sus consecuencias, abarca “la limitación de la actividad económica, cierre de escuelas, el acceso reducido a los servicios de salud y el distanciamiento físico pueden incrementar la vulnerabilidad y exposición en la infancia y adolescencia a la violencia y otras vulneraciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, de acuerdo a UNICEF.

Dentro del ámbito doméstico, considerado como el lugar perfecto para las personas desarrollarse, es donde se perpetran las mayores violencias contra los niños y las niñas, así como contra las mujeres y personas adultas mayores. Una situación que debe entrar en cualquier plan y programa formales de prevención de COVID-19.

Agravada porque, “en América Latina y el Caribe, el deterioro progresivo de los factores socioeconómicos en la última década ha reducido elementos esenciales de protección y puede generar un incremento aún más marcado de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19 que antes de la crisis (OMS, 2020).

Teníamos factores preexistentes que aumentan el riesgo y consecuencias, como las desigualdades económicas y sociales, de vivienda, de accesos al sistema de salud y en el panorama, las dificultades tremendas de las familias migrantes a lo largo de la región, que enfrentan mayores peligros de contraer el virus y sufrir sus peores efectos.

El Comité de los Derechos del Niño define el castigo físico y humillante como “aquel en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve”. Además, hay otras formas de castigo que no son físicas, pero que son igualmente crueles y degradantes y, por lo tanto, incompatibles con la Convención sobre los Derechos del Niño, como:

Violencia física y psicológica expresada a través del castigo físico y humillante y tratos degradantes, muy común incluso durante los primeros cinco años de vida de los niños y niñas (UNICEF, 2020) y se relaciona con la violencia psicológica como práctica de crianza. La violencia sexual, una grave violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes que puede tomar la forma de abuso, acoso o explotación sexual, de acuerdo a UNICEF, como una actividad sexual influida por el desequilibrio en la relación de poder.

¡Hay que entender esto desde el Estado, ya!

Por: Susi Pola
susipola@gmail.com