La sociedad dominicana aboga por la aplicación de justicia sobre el responsable del asesinato del coronel Julián Suárez Cordero. Pero que esa justicia recaiga en la persona que cometió el crimen, lo que es posible establecerse mediante una investigación científica y al margen de la pasión y el prejuicio.

Lamentablemente, la investigación la realiza la Policía Nacional, una institución con un crédito público bastante pobre, por su histórica tendencia a mentir. Y ya lo dijo Aristóteles -hace muchos años-: El castigo del embustero es no ser creído aun cuando diga la verdad.

Para despejar dudas de los resultados de la investigación policial, en torno al hecho criminal, lo ideal sería que la Policía Nacional integre a la comisión miembros de la sociedad civil, de bien ganado prestigio público, para así elaborar un expediente transparente y acogido por la población.

Posiblemente la idea planteada no se inscribe en lo legal, porque le atañe al cuerpo del orden público la fase inicial investigativa, pero sería saludable acogerla, en la medida en que se procure transparencia y crédito público.

Es una fase de investigación que no se puede festinar. Y se debía de investigar al mayor número de personas, incluyendo a miembros del propio cuerpo del orden público, si partimos de las recientes declaraciones formuladas por el diputado Juan Hubieres, el cual, al momento de elaborar este artículo, no había sido llamado para escuchar su versión.

El paso de los días y las acciones policiales podrían decir si estamos en presencia de una investigación seria o, en su defecto, de otro tollo judicial, por lo menos en la etapa inicial, que ha sido la norma tradicional de una defectuosa institución denominada Policía Nacional.

La realización de una investigación objetiva sería una sorpresa, después de décadas de mentiras. Y donde los jefes policiales, salvo excepciones, se toman el derecho de decidir sobre la vida de muchos dominicanos, pese a que la Constitución, en su artículo 37, dice que: No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte.