La seguridad ciudadana debe formar parte integral de un plan de nación, de manera tal que los recursos que se requieren para garantizarla, estén consignados en el presupuesto nacional, plantearon varios expertos en seguridad y defensa.

Indicaron que ha sido la carencia de un plan de nación en República Dominicana la causa principal de la falta de seguridad ciudadana, al indicar que como no había objetivos en cuanto a educación, salud y empleo, la sociedad no tenía mecanismos de defensa ante la globalización del delito.

Los expertos indicaron que el país tuvo largos años con un envidiable crecimiento económico por encima del cinco por ciento anual, que no se volcó a la ejecución de planes de desarrollo social.

Una vez completado ese ciclo de crecimiento, con el advenimiento de la globalización, la sociedad dominicana carecía de defensas ante el auge de un nuevo tipo de delito, como es el narcotráfico, que infiltró y puso a su servicio las instituciones que debieron enfrentarlo, como es la Policía Nacional y la Justicia.

Explicaron que el tema de la falta de seguridad ciudadana no es tan sencillo y no puede enfrentarse tampoco, si no existe un plan de nación, con todo el liderazgo nacional al frente que tome la decisión política de hacerle frente.

Esto así, debido a que la ejecución de ese plan de seguridad ciudadana debe estar acompañado de otros que enfrenten sus causas, como es la falta de educación, salud y empleo y oportunidades de superación de la ciudadanía.

Por ello, el plan de seguridad ciudadana, al ser formulado, debe ser parte del Presupuesto y Ley de Gastos Públicos, que asigne los recursos suficientes para hacerle frente, básicamente en el aspecto preventivo.

Las consideraciones fueron externadas por un panel de expertos que participaron ayer en el almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio.

Estos fueron el doctor Wilfredo Mora, presidente de la Sociedad Dominicana de Criminología, egresado de las universidades de Rostov, en la antigua Unión Soviétiva y San Sebastián, en España y la doctora Josefina Reynoso, quien dirige el Instituto de Seguridad y Defensa de la Fundaciçon Global, Democracia y Desarrollo, abogada con una maestría en seguridad y defensa del Instituto de Estudios Superiores de Defensa, en Santiago Chile.

Completaron el panel, la licenciada Moraima Díaz, coordinadora del Observatorio Ciudadano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, psicóloga, criminóloga egresada de la Universidad de La Habana y el licenciado Daniel Pou, consultor y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con una maestría en Políticas Públicas, de la Universidad Complutense de Madrid.

El parecer de los expertos es que no existe una coincidencia entre los entes políticos y económicos con un plan de nación.

Citaron como ejemplo la propia modificación de la Constitución de la República, que definieron como un manual de derechos de los ciudadanos, que debió ser modificado debido a que no respondía a las expectativas de la sociedad.

Todos coincidieron en que con relación a la seguridad ciudadana se han creado diversos mitos, uno de los cuales es acusar a los deportados de los Estados Unidos del auge de la delincuencia, y de querer asociar ese auge, a la pobreza

Dentro del plan de seguridad ciudadana, plantearon también la urgencia de incluir en el mismo una radical transformación de la Policía Nacional, entidad a la que visualizan con un sesgo represivo, autoritario, pero cuyos miembros carecen de la preparación e incentivos necesarios para cumplir con sus responsabilidades.

Los expertos analizaron el plan de seguridad ciudadana aplicado por la actual administración a partir de 2005, cuyo máximo exponente fue el Barrio Seguro.

Lo valoraron como el primer intento por establecer una política pública de seguridad.

Sin embargo, Díaz vio su primera falla en que fue un plan que no tuvo como líder principal al Presidente de la República, lo fue el Ministro de Interior y Policía.

Pou entiende que lamentablemente su existencia lo ha llevado más allá de sus posibilidades, pero ha languidecido y no se puede prolongar lo que no tiene efectividad.

Mora entiende que la política de seguridad pública es deficiente y la seguridad privada se ha vuelto parte de la seguridad ciudadana.

Reynoso dijo que para reducir la criminalidad hay que aplicar planes de seguridad en los que participen todos los sectores.

Seguridad privada

Expertos aseguran que cuando una persona contrata seguridad privada está renunciado a sus derechos ciudadanos, por lo que su deber es reclamar que las autoridades cumplan con su responsabilidad de garantizarla, al descartar que los derechos ciudadanos deban ser privatizados como está ocurriendo actualmente.