El infortunio y la desdicha persiguen a veces a pueblos y familiares, dejando heridas que nunca sanarán. Y ese tormento infinito aconteció el viernes 17 a una muy querida y prestigiosa familia de Cotuí, encabezada por el distinguido amigo y pundonoroso congresista doctor Rafael Molina LLuberes, cuyo hijo Wellington Molina fue herido y murió pocos días después.
Los malvados habían pactado el arreglo del vehículo del joven Molina, chocado por la parte trasera, que los victimarios se comprometieron a reparar, siendo una tratativa, para decirle al joven poco después que era un atraco. 4 asesinos contra un joven de principios inmarcesibles.
Mueve a honda preocupación, una vez más, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a quien esto escribe, la existencia en el país de una increíble cultura criminal de desprecio por la vida.
Es menester, insistimos, que las autoridades, el Ministerio Público especialmente, instrumenten bien los expedientes, para evitar que tránsfugas gocen de libertad mediante mecanismos procesales y no se presione tanto a los jueces.
La interrogante es: ¿Qué se está haciendo a nivel del Estado, máximo garante y proteccionista de los valores de la vida? Bueno, muy poco. ¿Refrendar un Código Procesal Penal ultragarantista de quienes infringen las leyes, en menosprecio a las prerrogativas de las víctimas directas y de sus familiares?
Teorizar mucho, hablar bonito a veces, participar en cónclaves nacionales e internacionales cuyos resultado el pueblo desconoce, cuando no se está creando conciencia ni educando en qué hacer para defenderse y reclamar sus derechos.
¿Por qué no se ha modificado el Código Penal, con las mismas variantes desde hace 150 años, y el Código Procesal?
Vivimos en preocupación y desasosiego social, no obstante los ingentes esfuerzos y el duro batallar de la Policía Nacional, y ello hay que decirlo, quienes están pasando hambre y penurias, la gran mayoría, con sueldos de miseria y espanto, exponiendo sus vidas, como me refirió un infeliz cabo, Tengo que pagar diario 200 pesos de pasaje, con cinco hijos, mujer y ayudo a mi madre y se llegó con retraso me cantan diez días.
El asesinato de Wellington es una acción perversa, demostrativa del desprecio a la vida.
Por otra parte, es preocupante que quienes actúan en ejercicio del sagrado derecho a defenderse a sí o a terceros, si es pobre, y aún de clase media, corre el riesgo de ser llevado a la Justicia y desconsiderado. Pregunto para qué existen las leyes.
Wellington quiso actuar valientemente, en interés supremo de defender su honor, aunque la banda de malhechores, no le permitió hacerlo.
La tragedia que viven Molina y los suyos es inconmensurable, y nadie podrá resarcir el daño, debiendo ser motivo para que el Congreso Nacional se aboque al aumento de las penas de los crímenes capitales y otros delitos, y como tantos sectores se oponen, que se establezca el cúmulo de penas en el arcaico Código Penal Dominicano.
¡Paz a los restos de Wellington, y una oración por sus atribulados familiares!

