Los índices de criminalidad siguen en igual proporción al tamaño del manto de la impunidad, en razón de que los autores de crímenes y delitos siguen siendo tratados con indulgencia en algunos núcleos judiciales, contribuyendo al desamparo y la inseguridad ciudadana.

Se recuerda que un hombre que mató a puñaladas a una mujer en la ciudad de Santiago, fue puesto en libertad al no dictarse prisión preventiva como medida de prevención aún sin haber sido sepultado el cadáver de la dama. La decisión del juez que dictó esa medida recibió la repulsa de los ciudadanos de esa ciudad.

El episodio se repitió en el Distrito Nacional, pero con ribetes más dramáticos y asombrosos, cuando un grupo de familiares y amigos se presentó con el cadáver de un pariente a la puerta principal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, exigiendo justicia exigiendo la encarcelación del victimario que había sido puesto en libertad con una medida de coerción complaciente.

En ambos casos, los autores de esos homicidios ya gozaban de libertad, en tanto sus víctimas aún no habían sido enterradas. Sucesos similares ocurren con frecuencia en el país por la benignidad de algunos jueces que se apoyan en el artículo 226 del Código Procesal Penal, para justificar sus desaciertos.

Precisamente, el texto mencionado se ha convertido en una vía por excelencia, para que muchos infractores logren salir de la cárcel con una facilidad que espanta y que causa repugnancia e indignación no sólo en los familiares de las víctimas, sino también en una sociedad zaherida por las injusticias.

Hace poco, un hombre mató a su ex mujer en Santiago, después que la dama había interpuesto más de dieciocho querellas en contra de su cónyuge, quien no pudo ser alcanzado por la justicia, en virtud de que la víctima había retirado la querella. El Ministerio Público cometió un error imperdonable al desestimar la querella, pues las amenazas, golpes y heridas caen dentro de la persecución de los delitos de orden público.