La criminalidad y la corrupción administrativa constituyen dos de los principales problemas que atraviesa la sociedad dominicana y para su combate se requiere de voluntad y alto concepto ético de las autoridades.

Los niveles de criminalidad alcanzan niveles alarmantes. Recientemente escuché, en un programa de panel, a la doctora Olga Dina Llaverías, fiscal de la Provincia Santo Domingo, expresar su disposición de luchar en contra del narcotráfico y el crimen organizado. Observé voluntad en una persona que no luce contaminada.

Pero la criminalidad no se limita a una provincia, es un problema nacional que amerita un trabajo en conjunto. Todavía los demás fiscales del país tengan el perfil moral de Olga Dina, aspecto muy distante de la realidad, se requiere de una policía saneada, con tecnologías y personal satisfactorio, en términos de capacidad y cantidad.

Adecentar, de igual forma, a los diferentes organismos de las Fuerzas Armadas, en los que se anidan personas involucradas en delitos criminales. Se procura que quienes estén supuestos a poner el orden no sean los principales protagonistas del desorden. Es una tarea que demanda gran voluntad del ejecutivo y el concurso bien intencionado de muchos sectores.

Si New York logró reducir la delincuencia, ¿por qué República Dominicana no puede recobrar su tranquilidad? Es posible, pero habría que establecer: ¿Por qué se redujo la criminalidad durante la campaña electoral y por qué volvió con fuerza una vez concluyó el proceso eleccionario?

¿Y la corrupción administrativa se puede solucionar? ¡Claro que sí! Solo se requiere voluntad en el Ejecutivo, designando a personas honorables y sancionando la comisión de actos dolosos. Pero cuando escuchamos hablar de la cuota del Partido Reformista y otras agrupaciones que, salvo excepciones, sus miembros son desfalcadores en potencia, no es para hacerse ilusiones.