Durante el tiempo transcurrido entre 1945 hasta 1950, finalizando en 1955, o sea diez años, en que hemos señalado que la infraestructura física del país prácticamente quedó construida, Trujillo, ocupada su atención en esas construcciones y en otras cosas que creía más importantes, no se percató, con el instinto político que tenía, que el desarrollo material que su régimen de fuerza había propiciado, que acarreó incuestionable progreso en importantes renglones, generó la aparición y desarrollo de una pequeña burguesía urbana, llamada popularmente clase media, que tuvo acceso a estudios primarios, secundarios y en cantidad limitada, a los universitarios. Ese sector social terminó haciéndose receptivo a la carencia absoluta de libertades públicas y el ejercicio de los derechos humanos que padecía la población.

Desde el inicio de su régimen Trujillo se había visto obligado a reprimir con violencia y energía los intentos de combatirlo y derrocarlo que sus enemigos y adversarios, civiles y militares, habían llevado a cabo. Cientos de hombres habían caído victimas de sus represalias o de las intrigas, delaciones y denuncias que llegaban a sus oídos. Dentro y fuera del país su brazo había llegado a castigar, o ultimar, a los que consideraba enemigos políticos o personales. La lucha contra él y su gobierno fue permanente y sin descanso.

Del seno de ese sector de la pequeña burguesía urbana, corriendo la década iniciada en 1950, salió la decisión, después de la conspiración del capitán Eugenio de Marchena, de ultimar a Trujillo, en el interior del país. Ese proyecto lo concibió un joven abogado, cibaeño, nativo de Moca, llamado Rafael Estévez Cabrera, alias Fellito, en 1953, junto a algunos familiares entre los cuales se contaban hermanos y parientes. El plan de Estévez Cabrera, soñador, ingenuo y audaz, debía ejecutarse cuando Trujillo asistiera a las festividades de la batalla de Santiago del 30 de marzo de 1844.

Con Heureaux y Mon los autores y ejecutores de sus muertes conspiraron, podría decirse, públicamente. Ambos sabían de esas conspiraciones y conocían el nombre de muchos de los implicados que eran sus adversarios y además ciudadanos sin investiduras militares o mandos políticos. Consumar un atentado contra Trujillo era totalmente diferente. Los civiles, como se llamaban en el argot militar a los ciudadanos comunes del país, no tenían acceso al armamento castrense.

La presencia de militares activos o pensionados en un complot para eliminar a Trujillo era imprescindible. Esa tarea vino a realizarla Homero Hernández Almanzar, abogado, cuñado de Pupito Ellis Sánchez y sindicado desde su época de estudiante como desafecto al régimen. Homero era compadre del general Juan Tomas Díaz y en el transcurso de los años estrecharon su amistad a un grado fraternal. Horas, días y semanas pasaron conversando y discutiendo, desde 1955, la necesidad de eliminar al dictador. La mayoría de las veces Pupito estuvo presente en esas conversaciones que duraban hasta altas horas de la madrugada. Juan Tomás era militar activo y uno de los oficiales que gozaba de autoridad en el Ejército. Continuaremos