En una manifestación que no puede ser pasada por alto, increíble en mucho de sus aspectos y expresión incuestionable del subdesarrollo, hace varios meses que el caso del traficante puertorriqueño Figueroa Agosto ha ocupado la atención permanente, hora por hora, día por día, semana tras semana, de todos los medios de comunicación de nuestro país. En los más de veinte programas matutinos televisivos que se producen desde las 5:00 a.m., en la mayoría de las veces, en todo el territorio nacional, las distinguidas y distinguidos comentaristas que se dedican a leer los periódicos matutinos y a comentar las noticias que ellos recogen el señor Figueroa Agosto, alias Junior Cápsula, y la señora Sobeida Feliz Morel, son los protagonistas de un drama cuyo fin no se vislumbra y que al parecer terminará arrastrando a muchas personas de diferentes categorías sociales y algunas de ellas, según rumores, en importantes cargos gubernamentales y militares.

Escándalos de esta naturaleza que repercuten en el orden internacional deben ser seguidos con mucho cuidado, porque la experiencia nos enseña que después que aparentemente están resueltos o llevados a una mínima expresión se sienten las consecuencias que en realidad son imprevisibles. El autor de esta columna, que no sabe más que nadie, ha aprendido que en el escenario regional, centroamericano y del Caribe, en el cual está ubicado nuestro país, hechos de esta naturaleza no se producen o aparecen gratuita o espontáneamente. Sus consecuencias son como las que genera la históricamente famosa Caja de Pandora. Y tenemos la impresión, por no decir la seguridad, que el drama o la telenovela Figueroa Agosto-Feliz Morel, por lo menos en la República Dominicana, acarreará serios dolores de cabeza.

No sabemos quienes hicieron posible que el señor Agosto viniera a nuestro país y se instalara en él y al poco tiempo se hubiese convertido en un prospero hombre de negocios, unas veces llamado inversionista, otras ingeniero, arquitecto, codeándose con sectores de la clase media o pequeña burguesía urbana, comerciantes, empresarios, policías, militares, políticos y funcionarios gubernamentales. Ahora resulta que hecho preso en Puerto Rico la autoridad que solamente puede disponer en todo lo relativo a su destino es la autoridad federal del gobierno de los Estados Unidos de América, no es la DEA y mucho menos las autoridades policiales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y nos preguntamos: ¿Qué habrá detrás de todo esto? ¿Será parte de un plan puesto en marcha con un objetivo estratégico, en el orden político?

Investido de la paciencia de Jo, que es tan importante como la prudencia y la malicia que los políticos profesionales e investigadores debemos tener, vamos a esperar que transcurran los días, las semanas y los meses necesarios, para poder darnos cuenta hacia que blanco apunta este escándalo que a quien más afecta, aunque muchos no lo crean, es la imagen pública del gobierno dominicano y de las autoridades que lo integramos, comenzando por el ciudadano presidente de la República, los miembros de su gabinete, funcionarios y burócratas del Estado, sin olvidar a las autoridades militares y policiales de la Nación.