Usuarios penden de la Constitución

Proponen estrategia realizaría el Congreso y la creación del Consejo

Consultivo de Instituciones de Defensa del Consumidor y Usuarios

Emiliano Reyes Espejo

Elis Comprés

Y ahora resulta que “hay un país en el mundo” con diez millones de consumidores y usuarios que penden del artículo 53 de la Constitución, de una ley y su reglamento, pero pareciera como si carecieran de protección Constitucional.

Cuando el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Milton Ray Guevara, expuso magistralmente a comunicadores que los orígenes de la Constitución de la República se remontaban a tiempos remotos, a los años 1800, cuando fuimos objeto “del primer ensayo constitucional” con la aplicación en esta parte de la isla de “la llamada Constitución de Toussaint”, no nos imaginábamos que a esta altura de nuestras andanzas Republicanas evolucionáramos a la nueva Constitución del 2010, quizá una de las más completas y modernas Constituciones que nos hemos dado.

Pero al parecer tiene una pata suelta en materia de defensa de los consumidores y usuarios, y esa pata habrá que clavársela para que complete las cuatro patas.

En verdad esta Constitución contempla entre los derechos económicos y sociales de los dominicanos, el derecho de defensa del consumidor.

En su artículo 53 sobre Derechos del consumidor, esta Constitución establece que: “Toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley”.

Y agrega: “Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o indemnizadas conforme a la ley”.

Esta prerrogativa puede quedarse en una expresión nominal. No nos atrevemos afirmar que sea así ni que estemos frente a una Constitución Nominal como explicara el jurisconsulto José Alberto Cruceta, la cual definió como “aquella jurídicamente válida, pero que carece de realidad existencial ya que la dinámica del proceso político no se adapta a sus normas”.

Tampoco se puede asumir como una Constitución totalmente normativa donde “hay plena vigencia entre los derechos consagrados en los textos, tanto individuales como sociales y el cumplimiento de los mismos”. Ni pretender que tengamos una Constitución semántica.

El magistrado Cruceta cree, empero, que la Constitución que predomina en la realidad dominicana es la nominal.

Algunos jurisconsultos extranjeros situaban la anterior Constitución de 1966 más cercana a la doctrina clásica de la economía liberal.

Criticaban que a lo largo del articulado de esa Constitución no existía una referencia a este colectivo (consumidor-usuario), lo que implicaba que no había “una obligación programática de desarrollar un ordenamiento jurídico que consagre su protección”.

Dejado atrás ese marcado liberalismo, se puede afirmar que ahora el blindaje que se presume tiene Pro-Consumidor, amparado en la Ley No.358-05, puede devenir en una coraza de papel celofán, si por desconocimiento o desidia no se complementa ese legajo constitucional con acciones prácticas en las que los comunicadores jueguen un papel fundamental en la defensa de los consumidores y los usuarios.

Pata suelta

La Constitución apenas nos remite a la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor y Usuario, número 358-05, y ésta, a su vez, a un Reglamento que en la práctica han demostrado ser débil porque no logra su cometido.

La adalid de la defensa de los consumidores, Altagracia Paulino, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PRO-CONSUMIDOR), parte casi siempre en sus intervenciones públicas de que su accionar se cimenta en el paradigma Constitucional, que tiene una coraza constitucionalista. ¡Pero que va gallo, que va! En el fondo, las cosas están estructuradas para que ese plausible esfuerzo parezca que ese organismo apenas está revestido de papel celofán.

Un botón

La prensa nacional recogió durante el 2012 y en lo que va de este año publicaciones de jornadas de inspección e intervención de Pro-Consumidor a productores y prestadores de servicios que esquilmaban a consumidores y usuarios.

Casos específicos, las intervenciones a los fabricantes de salamis que soto voces se sabía que alteraban la calidad de ese producto.