Bajo el correcto criterio de que ningún país puede permanecer al margen de la comunidad internacional es que la República Dominicana forma parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de otras organizaciones regionales y mundiales. Pero esa integración conlleva apego al ordenamiento jurídico de esos organismos.

El debate que ha generado la sentencia del TC –el cual traspasa la frontera nacional– es precisamente porque contiene aspectos violatorios a las leyes nacionales, por un lado, y a normas universales de los derechos humanos, por otro lado. Son atribuciones de la CIDH, organismo que siempre gozó del reconocimiento de los que hoy la condenan.

Si actualmente hay delegados de la CIDH en nuestro territorio es respondiendo a una invitación formulada por el gobierno dominicano. Y esos delegados escuchan a todas las partes involucradas en la problemática. Se han entrevistado con funcionarios del gobierno, los que expusieron sobre la “benignidad” de la sentencia y de las “virtudes” del Plan de Regularización.

Es lógico, también, que oigan la versión de las víctimas directas de la sentencia del TC, conociéndose ahí la cruda crueldad cometida contra cientos de miles de dominicanos negros y pobres. Es el momento, entonces, de los desplantes que hizo a la comisión el TC y el Senado de la República.

Ni decir de las ácidas palabras del presidente de la Junta Central Electoral hacia los delegados de la CIDH. Roberto Rosario suele oponerse a todas las supervisiones nacionales o extranjeras a las irregularidades que se cometen en el país y, de manera particular, en el órgano electoral que él preside.

Para los “nacionalistas” locales ahora hay injerencia de la CIDH, pese a que algunos de ellos, en el pasado, llevaron instancia a ese organismo al ser afectados por sentencias nacionales. Y todos aplaudieron el rol de los delegados de la OEA que estuvieron en el país para los comicios del 2012 y bautizaron los resultados. ¡Ah la doble moral!

Por: Danilo Cruz Pichardo
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