Las elecciones de ayer en Argentina podrían marcar el comienzo de una nueva era en una nación en la que del mandato de Néstor y Cristina Kichner se ha difundido más lo negativo que los grandes beneficios sociales aportados por el modelo que impulsaron.

Argentina es menos desigual y con más libertades, pero también menos dependientes de los grandes consorcios internacionales que sobre la base de la inversión extranjera diezman las riquezas de los pueblos.

La presidenta que deja el poder libró una heroica batalla contra los “fondos buitre” y salió airosa de muchas tramas, aunque muertes tan misteriosas como la del fiscal Alberto Nisman y las acusaciones de corrupción contra algunos de sus ministros ensombrezcan su gestión.

Por la competencia entre dos liberales, con las elecciones de Argentina no hubo, sin embargo, la injerencia que se manifiesta en los comicios parlamentarios y municipales del 6 de diciembre en Venezuela.

Tal vez las bravuconadas del presidente Nicolás Maduro, quien dista a años luces del carisma de su predecesor Hugo Chávez y las dificultades económicas que sortea la nación como resultado del estrepitoso desplome de los precios del petróleo, han contribuido con el ensamblaje de una trama para desmontar la revolución bolivariana.

Maduro no tenía más rivales que la crisis económica, pero ahora tiene una oposición construida sobre la marcha y legitimada por sus torpezas para enfrentarla.

Hoy el futuro del chavismo es incierto. Si gana las próximas elecciones no habrá forma de evitar que se denuncie que lo hizo a través de un fraude, por impedir observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), aceptando únicamente una misión de su aliado de la Unión de Naciones del Sur (Unasur), encabezada por el expresidente dominicano Leonel Fernández.

La misión ya ha sido evidenciada con la negativa de la oposición a comprometerse, como sí hizo el oficialismo, a aceptar los resultados de las votaciones.

Las reacciones han quedado anticipadas con una carta muy dura e inusual de la OEA, en la que su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, que fue canciller de Pepe Mujica, advierte a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, controlado por el Gobierno, que no hay condiciones que garanticen el “nivel de transparencia y justicia electoral” que se necesita.

Citó a manera de ilustración el uso masivo de los recursos del Estado a favor de los candidatos oficialistas, control de los medios de comunicación, el encarcelamiento de dirigentes opositores como Leopoldo López y maniobras para engañar a los votantes con las boletas.

Así las cosas, con Venezuela puede que se haya iniciado la cuenta regresiva de su modelo, que conecta con los conflictos afrontados por Dilma y Correa, para citar los casos más sonoros.