El histerismo del señor Joaquín Gerónimo superintendente de Pensiones, respecto de las comisiones que ganan las AFP, ha generado una controversia alrededor de un tema que no lo amerita. Si bien es cierto que el poco ejercicio de competencia en el sector ha impuesto un 30% de comisión fijo en todas las AFP que, en teoría, deberían estar compitiendo, lo ocurrido, más que una mala fe por parte de esas entidades, demuestra una falla terrible del mismo regulador que hoy les ataca y de la ley que les rige. Las medidas desesperadas y abiertamente ilegales que viene tomando el superintendente para corregirlo, tenderán a generar mayor peligro a los futuros pensionados.

Hay dos problemas fundamentales: la monopolización de los empleadores en la elección de la AFP para sus empleados, y la falta de instrumentos para inversión en el país, que mantiene prácticamente idénticos los rendimientos en todas las entidades del sistema. Ambos surgen por limitantes que impone la misma ley.

La ley impone responsabilidad de afiliación y, por ende, casi todos los costos del cumplimiento en los hombros de los empleadores. En consecuencia, estos serán los más activos e interesados en la decisión de elegir una AFP. En la práctica, los empleadores negocian directamente con las AFP para inscribir a sus empleados, y persuaden a todos sus trabajadores a elegir AFP a partir de un pacto para reducir sus costos. No es lo mismo hacer los depósitos por pensión de toda una nómina en una sola AFP, que preparar la logística para pagarlo en 5.

Adicionalmente, la diferencia de rentabilidad entre entidades es poca, siendo a junio del 2013 14.69% (AFP Popular) la más baja, 16.63% (AFP Romana) la más alta y 15.68% el promedio, según los números de la SIPEN. Si a esto sumamos que la misma ley permite un solo cambio de AFP por año y que ese cambio implica un preaviso de 30 días y un proceso burocrático engorroso, muy distinto a lo que ocurre con los bancos, que, con facilidad, permiten el retiro de tu dinero. Entonces, pocos se animarán a seguir un largo proceso para ganar 1 o 2 puntos porcentuales más en su pensión.

Más que preocuparse por el 30%, el frenético superintendente debería preocuparse por el 0.7% de cotizantes que cambiaron de AFP en todo el 2012, lo que representa un número ridículo en un campo que incluyó a 1, 291, 137 personas, justo por limitaciones que crea la ley y que la Superintendencia nada ha hecho para superar.

El brinco en las ganancias de las AFP, probablemente se debió a la masiva colocación de deuda pública interna de corto plazo a altísimos intereses que ha venido ocurriendo desde el 2011, deuda que, con mucho gusto, todo el sistema financiero ha comprado a mansalva, lo que explica cómo la rentabilidad de las AFP pasó de promediar un poco más de 10% en aquel entonces, al 15.68% actual.

Que las AFP ganen, garantiza que se mantengan sostenibles y mejora las perspectivas de nuestro sistema de pensiones. Pretender bajar administrativamente esa rentabilidad pondría en problemas a las AFP, incentivaría a que se expongan a mayores riesgos y traería problemas dentro de un sector que no los necesita. Le vendría bien a Gerónimo tomarse la pastilla, dejar de antagonizar a sus regulados y evaluar cómo hacer su sector más receptivo a la competencia, o sea, hacer su trabajo, en lugar de llorar un río en la prensa.