Una de las unidades de la termoeléctrica Punta Catalina comenzará a operar comercialmente en menos de dos semanas y la otra en enero, según adelantó el administrador de ese complejo, Jaime Aristy Escuder, quien dijo que esas plantas generarán beneficios anuales por 240 millones de dólares.

Aristy Escuder ha dicho que la planta que iniciaría operaciones comerciales a principios de octubre generaría 376 megavatios y cuando las dos estén a plena capacidad suplirán entre el 30 y el 35% de la demanda nacional de energía eléctrica.

Los datos ofrecidos por el administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina explican las razones del intenso lobbismo y no menos presiones que impulsan sectores vinculados a la industria eléctrica para que el Gobierno transfiera ese bien al control de la iniciativa privada.

Ese complejo de generación eléctrica, tan vilipendiado por su supuesta conexión con el escándalo Odebrecht, estaría a punto de convertirse en un gran negocio que, además, signaría el futuro de otras plantas que generan electricidad a partir de carburantes fósiles.

En menos de cinco meses, conforme a lo señalado por Aristy Escuder, Punta Catalina reduciría el déficit de las distribuidoras eléctricas entre cien y 200 millones de dólares, por lo que su impacto positivo anual podría oscilar entre US$350 a US$440 millones.

Con una historia tan rosada y de final feliz como la que cuenta el administrador de Punta Catalina, no hace sentido que el Gobierno se apresure en vender total o parcialmente ese complejo, menos a precio de vaca flaca.
La industria eléctrica, en términos relativos, no ha sido mejor ni peor después de su mentada capitalización, aunque se admite que el sector privado ha impulsado algún canal de innovación, pero sigue siendo un viacrucis para las finanzas públicas.

Una vez en operación plena, Punta Catalina estaría en capacidad de reponer en poco más de cinco años la inversión de más de dos mil millones de dólares en su construcción, por lo que lo sensato sería recuperar ese capital y mucho después hablar de venta, traspaso, “join venture” , o cualquier otra operación con el sector privado, siempre y cuando sea justa o ventajosa al sector público. ¡Cuidado, mucho cuidado!