El Nacional

La supuesta negligencia de las autoridades sanitarias habría permitido el auge cobrado por el mercado de falsificación de medicamentos, afirmó ayer el sector farmacéutico dominicano, agrupado en las asociaciones de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arape), de Industria Farmacéutica Dominicana (Infadomi), y Farmacéutica Dominicana.

Las entidades acusaron a las autoridades de Salud Pública de actuar con negligencia al permitir la multiplicación del mercado de falsificación de medicamentos, que mueve entre 800 y mil millones de pesos al año.

Las organizaciones no descartaron que se hayan producido otras muertes por la aplicación de una antitetánica falsa, y expresaron sus dudas de que se hayan producido sometimientos a la justicia por la venta de medicamentos falsos.

A juicio de Laura Castellanos, representante de Infadomi, hay temor de perseguir a los responsables, lo que atribuyó posiblemente a intereses económicos o políticos.

Resaltó que aunque la ley 22-06 establece sanciones que van desde dos a 10 años de prisión para la falsificación, importación, exportación, distribución, almacenamiento y comercialización de medicamentos, hasta el momento desconocen que haya sido apresada la primera persona por esa causa.

Resaltó que la impunidad con que opera el mercado de falsificaciones ha llegado a tal extremo, que que ya no sólo es en Moca, como se denunciado desde hace 20 años, sino en Licey al Medio, Salcedo y Villa Consuelo.

Dijo que pese a que han pedido a Salud Pública que depure la lista de distribuidores de medicamentos a los que han otorgado permisos, en el país hay miles que operan de manera fantasma, sin registro sanitario ni domicilio.

Por su parte, Fernando Ferreira, de Arape, afirmó que los medicamentos más falsificados son los que tienen una mayor demanda. y aseguró que han puesto a disposición de las autoridades los resultados de las pesquisas que han realizado, sus recursos económicos y técnicos, pero se quejó de que no se ven acciones concretas.

Las entidades calificaron la acción de criminal y demandaron una definición clara de cómo Salud Pública va a combatir esa problemática.

Opinaron que la actitud de la Dirección de Drogas y Farmacias propende directamente a la proliferación de esa práctica criminal, ya que además de su poca o inexistente presteza, ha autorizado la incorporación de decenas de distribuidoras fantasmas, que pese a no tener estructuras ni operaciones, mantienen el permiso otorgado por las autoridades sanitarias.

Agregaron que a ese problema se suma la ausencia de sometimientos y clausura de establecimientos en los casos denunciados y, sobre todo, una ausencia de voluntad política desde la cartera sanitaria y de la Dirección de Drogas y Farmacias para resolver el problema de los mercados ilegales, como es el caso de Moca, en la provincia Espaillat.

En consecuencia, demandaron del secretario de Salud Pública, doctor Bautista Rojas Gómez, y de la directora de Drogas y Farmacias, que ofrezcan al país una estrategia real y efectiva que permita la erradicación de las prácticas de falsificación y venta irregular de medicamentos, para evitar la repetición de accidentes fatales.