Nuevamente, el presidente Medina recorre parte de la línea fronteriza, buscando resguardar esa zona, implementando una política de arraigo que evite que los ilegales haitianos ocupen parte de ese territorio, cuya protección está contenida en la Constitución de la República que prohíbe la venta y enajenación de esa franja.

Ha sido comprobado que miles de indocumentados, se han asentado en comunidades fronterizas, desplazando a muchos dominicanos, oriundos de esos lugares que emigran a otras ciudades, por la falta de oportunidades para sobrevivir en medio de las precariedades que rodean el casco urbano.

También la agresividad de los haitianos frente a los nacionales, que se traducen muchas veces en crímenes, robos, violaciones sexuales y otras infracciones, que los obligan a un constreñido desplazamiento, aumentando los cordones de miseria que existen en los sectores indigentes.

En su propósito de que la región fronteriza se dinamice, el jefe de Estado se comprometió a proporcionar recursos para proyectos de crianzas de chivos y ovejas e incentivos para la producción de plantas para reforestar la zona y evaluar la instalación de paneles solares. Ojalá tales promesas no se queden en el tintero y se ejecute con voluntad política.

Como anotamos en un artículo anterior, es una obligación constitucional del presidente Medina velar permanente por el interés nacional, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza, su integración vial, así como los valores patrios y culturales del pueblo dominicano, y debe priorizar políticas y programas de inversión pública en obras sociales y de infraestructura.

Sería saludable que se emprendiera un proyecto de arraigo en Pedernales, donde los haitianos se han adueñado de esa provincia. El Estado dominicano es el propietario de la parcela 40 del Distrito Catastral No.3, que ampara el derecho de propiedad de casi todo el terreno de esa comunidad sureña, por lo que bien podría realizarse un programa de titulación que beneficie a los nacidos allí.