El nuevo presidente electo, licenciado Danilo Medina, inmediatamente asuma su rol de jefe del Estado dominicano, a partir del próximo 16 de agosto, tendrá necesariamente que priorizar, entre otras áreas no menos importantes, en el sistema educativo, enfatizar políticas públicas dirigidas a la reducción de la pobreza y de la desigualdad social, al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, y, lógicamente, a enfrentar sin vacilación y con alto espíritu de decisión firme y contundente a la ya conocida corrupción administrativa.

Precisamente de ella hablaremos en este trabajo. De manera enfática, en múltiples ocasiones el licenciado Medina manifestó que sería un presidente ético-moral, que abogaría por una cultura de honestidad, y que cuando el rumor público señale a un funcionario como corrupto lo cuestionará en el Consejo de Gobierno, y que de no convencerlo y comprobarse que ha cometido algún acto de corrupción iniciaría el proceso para instrumentar un expediente y someterlo a la justicia.

No me cabe ninguna duda de que así sucederá. Puesto que son pronunciamientos que perfectamente encajan con su forma de actuar y de pensar. Eso es totalmente correcto. No en vano quienes le conocen resaltan en él las virtudes de ser un hombre integro, honesto, y de fuertes convicciones políticas heredadas de su maestro don Juan Bosch.

Lo cual significa, por vía de consecuencia, que su gobierno funcionará sobre la base de ser enteramente ético y moral para el disfrute y la complacencia de todos los segmentos de la sociedad dominicana.

Cosa que nos conduce a la confirmación de que Danilo Medina no eludirá esa problemática incrustada en la cúspide de la administración pública, y que, por el contrario, enfrentará con todo el rigor de la Ley al fenómeno de la corrupción administrativa, culpable directa, con razón o sin ella, del descrédito en que a veces suelen caer los gobiernos. Eso a menos que algunos de sus futuros funcionarios se aventuren a pisar o traspasar, con hechos indecorosos, la línea trazada por el Presidente.

En realidad, la corrupción le hace un daño irreparable al sostenimiento y desarrollo del aparato democrático dominicano, y, a la vez, le sirve de punta de lanza tanto a las organizaciones políticas adversas al partido gobernante como a las llamadas de la sociedad civil para que mantengan, en la palestra pública, un discurso altisonante cuyo tema principal alude a la falta de transparencia gubernamental.

Hoy en día, los sectores pensantes de nuestro país coinciden en que lo más pronto posible, para la salud presente y futura de nuestras familias, hay que ponerle un alto definitivo al complejo problema social y económico que se deriva de los actos corruptivos en la administración pública.