(2 de 3) Pienso que existe una visión compartida en lo referente a que la cultura de la corrupción, anidada en las instituciones del Estado prácticamente desde su aparición, representa un rompecabezas para nuestra sociedad, y les corresponde a los expertos y preocupados en el tema armarlo y organizarlo para ofrecer soluciones viables a la población.
Lo importante radica en ser justos y aceptar que el mal está con nosotros desde siglos atrás, y que sus agentes multiplicadores casi siempre resultan de fácil identificación. La cultura de la corrupción, perniciosa y repudiable, la observamos desde la creación del Estado. A raíz de la Independencia en 1844, el flagelo de la corrupción mantuvo su presencia durante todo el siglo diecinueve, se acentuó con la dictadura de Trujillo, y desde entonces no ha dejado de tener representación.
Dicha cultura es antipopular, impuesta a rajatabla y rechazada por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Cultura que está siendo sostenida y defendida por unos enemigos perversos, ambiciosos, portadores de máscaras endiabladas y de ofertas tentadoras.
¿Qué hacer para detener la corrupción?
Entre otras cosas, una medida correcta sería dar continuidad a la planificación y ejecución de las políticas de formación, capacitación y profesionalización dirigidas a los altos y medianos funcionarios, así como también a los demás servidores públicos; a sabiendas de que nuestro país cuenta con un Ministerio de Administración Pública (MAP) y un Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) que están a las alturas y las exigencias de los nuevos tiempos.
Con ello no sólo se lograría la acentuación del desarrollo de los recursos humanos para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos, sino que, además, conseguiríamos captar y apoderarnos de servidores públicos eficientes y eficaces, lo cual nos conduciría a dar un gran paso en la lucha contra la corrupción administrativa.
En la medida que aumenta la creencia y el compromiso del concepto de la reforma y modernización de la administración pública, logramos reducciones visibles de la corrupción y aumentos cuantificables de la transparencia.

