La Asamblea de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada en Punta Cana, fue el escenario para que el presidente Danilo Medina ponderara el impacto de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre libertad de expresión, al tiempo de definir por vez primera los hilos de su relación con la prensa dominicana.

El mandatario se refirió a la sentencia del TC en el contexto del expediente de la Fundación Prensa y Derecho y los directores de medios de comunicación contra la Ley 6132 y consideró como un hecho positivo la anulación de las penas de privación de libertad cuando los delitos de difamación e injuria afectan a funcionarios públicos.

Para nosotros como responsables del recurso, el hecho de que el gobernante considere que la sentencia es “el inicio de un círculo virtuoso” de afianzamiento de la democracia es de gran trascendencia, puesto que en lo adelante se necesitará el concurso del poder político para impulsar una ley de medios de comunicación que garantice el derecho de los periodistas a informar sin cortapisas.

Pero, más aún, una nueva ley debería desmontar los privilegios procesales que tiene la figura del Presidente en esta materia, y que subsisten con penas de prisión hasta de un año pese a la sentencia. Erradicando ese tipo de legislaciones daremos paso a un sistema protectorio similar al que existe en Uruguay, donde sólo se ha retenido privación de libertad para las querellas que se generen entre particulares.

Por lo demás, los juicios del presidente Medina sobre la sentencia pueden ser el punto de inflexión para que el mandatario redefina su gélida relación con la prensa y se abra a una actividad más frecuente de contactos y respuestas a los medios de comunicación.

Hasta ahora, el presidente Medina se ha mantenido agazapado tras una extensa cortina burocrática y de opinión pública, que no le ha permitido a la ciudadanía y a los medios tener contactos cotidianos con su persona.

Quizá el ejemplo más latente de esa distante política de comunicación han sido las denominadas “visitas sorpresas”, en las que Palacio ha sustituido el acceso directo de los medios a los actos encabezados por el mandatario por una monótona fotografía promocional del Gobierno.

El Presidente no se debe sonrojar con la presencia de los periodistas en los actos públicos, ni tampoco le tiene que preocupar que las informaciones que difundan los medios no sean “rigurosas, equilibradas y objetivas”.

La función de un gobernante, como la de un cirujano, es la de meter el bisturí y la de la prensa es informar y criticar. Esos roles están claramente definidos en nuestra Constitución y son una garantía de salubridad para el sistema político.