Sean mis primeras palabras para felicitar calurosamente a la Policía Nacional por la ejemplar conducta que observó durante las explosiones de violencia que han ocurrido en los últimos días en diferentes localidades del país. Es la primera vez en la historia de la República que las fuerzas encargadas de velar por el mantenimiento del orden ofrecen a la ciudadanía un ejemplo de civilidad que honraría a los cuerpos castrenses de los países más civilizados de la Tierra. Estas palabras alimentaron el rechazo de los sectores más conscientes de la sociedad hacia Joaquín Balaguer, quien tres meses después, en enero de 1962, tuvo que salir del país.

Penoso resulta a veces y ridículo otras veces, pero indignante siempre, el hecho de que, poco menos de 48 años después, el Senado de la República emite una resolución de reconocimiento y el Gobierno Central otorga una condecoración al mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, quien ha encabezado una jefatura policial en la que más de 500 ciudadanos han sido abatidos por patrullas policiales.

Es la confirmación de que la brutalidad policial y las ejecuciones extrajudiciales, lejos de constituir males a corregir, son, para el sistema político, servicios a su favor. ¿Celebran, acaso, los senadores y el Presidente de la República los resultados aparentes de esa política? Ni en apariencia se puede hablar de éxito, puesto que las ejecuciones extrajudiciales no han contribuido y está demostrado que no contribuyen en modo alguno a hacer más seguras las calles. Por el contrario, en las calles de Santo Domingo y de otras ciudades del país, es preciso protegerse de los agresores sin uniforme y con uniforme.

Los senadores, el Presidente y sus asesores (entre ellos el secretario de Trabajo, Max Puig, quien, evidentemente, no quiere que le recuerden sus anteriores planteamientos sobre la superioridad del socialismo en relación con el capitalismo) se colocan, pues, por debajo de los pragmáticos que consideran que el fin justifica los medios. Llega más lejos su retorcimiento, puesto que actúan como representantes de un Estado abusador que se sirve de una Policía que mata y que mutila en las calles, pero que al mismo tiempo y en cuyas filas es posible encontrar incluso sicarios.

El infamante coro de reconocimiento al abuso, a la brutalidad y a la acción sanguinaria, lo completan los obispos monseñor Francisco José Arnaiz, quien se pronunció a favor de los esfuerzos de la Policía y en reconocimiento a su jefe, y monseñor Benito Ángeles, presente en la ceremonia en que fue premiado Guzmán Fermín; los empresarios José Antonio Najri, Frank Rainieri y Enrique Armenteros, y los seudosindicalistas Alfredo Pulinario y Antonio Marte, favorecidos por Leonel Fernández, el primero con un empleo y el segundo con un indulto.

¡El sello clasista se ve de lejos! El sistema ha sido incapaz de superar el rancio autoritarismo balaguerista. Eso explica que fuera aprobada por el Senado la resolución sometida por Prim Pujals, ex fiscal, partidario de los linchamientos, y quien se enorgullece de haber colaborado con Balaguer.

En el mismo discurso de octubre de 1961, Balaguer dijo: El hecho de que varios agentes de la Policía se hayan excedido en el cumplimiento de sus deberes, como ocurrió en la tarde del día 20 del mes en curso en Moca, no resta méritos a la abnegada conducta cívica y al ejemplar espíritu de tolerancia con que en la capital de la República y en las demás ciudades del país actuaron los miembros de esa institución, que acaba de escribir una página de honor en los anales del civismo dominicano.

En octubre de 1961, el jefe de la Policía era José Caonabo Fernández. No es extraño que los herederos de Balaguer elijan colaboradores similares. Hipólito Mejía premió a Pedro de Jesús Candelier confirmándolo en la Policía y calificando como hermosa su gestión tras centenares de ejecuciones extrajudiciales, y Leonel Fernández nombró a Guzmán Fermín por su trayectoria represiva. Y es preciso destacar que la oligarquía, vestida con saco o con sotana, bendice el derramamiento de sangre y el abuso. Los senadores reconocen a quienes protegen sus fortunas, y lo hacen porque pretenden seguir transfiriendo impunemente fondos del erario a sus bolsillos ¡Es el colmo del retorcimiento y del descaro!