Lamentablemente, nuestra sociedad se está presentando como si fuese una sociedad violenta; aunque en realidad todavía no puede llegar a compararse con la creciente violencia que manifiestan la mayoría de las grandes ciudades de los países latinoamericanos.

Si bien es verdad que la deserción escolar a temprana edad, unida al fenómeno de la pobreza, más el tráfico y consumo de estupefacientes, entre otros, son agentes provocadores del comportamiento violento de una mayoría de jóvenes que hoy día habitan en las periferias de la ciudad capital; no memos cierto es que una violencia verbal, vista y oída a través de los medios electrónicos de comunicación, se está apoderando de la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Lo real, lo verdadero, es que un gran segmento de nuestros adolescentes y jóvenes de las clases baja, media o alta, ni esconden ni sienten temor al momento de hacer uso indiscriminado de la fuerza bruta o de utilizar un lenguaje que, además de muy vulgar, resulta potencialmente violento.

Bien es sabido que antes de toda violencia de carácter físico existe una violencia verbal, tan peligrosa como la primera; aunque a veces especialistas e instituciones responsables del estudio y manejo del fenómeno de la violencia suelen darle de lado a ese tipo de violencia.

Hay que hacer algo.

Y la responsabilidad ha de ser de todos, incluso de algunos juristas, comunicadores, empresarios y políticos que se han convertido en defensores de la doble moral en nuestro país.

La inmensa mayoría de la población desea una rápida y certera revisión del bendito Código del Menor, y, asimismo, espera que se produzca de manera inmediata la aprobación inmediata del nuevo y tan esperado Código de Comunicación, que ayudaría a resolver muchos problemas.

Nuestros honorables congresistas tienen dos papas calientes dentro del hemiciclo, ojalá y sepan asumir correctamente sus responsabilidades.