Los matices ideológicos no han faltado en la crisis que tiene al borde de la destitución a la izquierdista Dilma Rousseff, que su partido y aliados internacionales coinciden en calificar como un golpe de Estado patrocinado por la derecha para asaltar el poder. El conflicto, sin embargo, tiene su antecedente en el juicio que en 1992 destituyó al entonces jefe del Estado y hoy senador Fernando Collor de Mello. La diferencia en ambos casos son los cargos, pues mientras a Rousseff se le acusa de manipular las estadísticas para ocultar el déficit fiscal, a Collor de Mello se le juzgaría por corrupción. Y lo común que las decisiones se han enmarcado dentro de la Constitución y las leyes.

Una investigación periodística marcó la desgracia de Collor de Mello, quien antes de derrotar en las elecciones de 1988 nada menos y nada más que al aclamado líder de izquierda Luiz Inacio Lula da Silva, había sido diputado, alcalde y gobernador. La revista Veja, una institución en Brasil, detectó un colosal esquema de corrupción al frente del cual estaba el tesorero de su campaña, el empresario Paulo César Farías. Los escándalos comenzaron a sucederse y el gobernante que había garantizado perseguir a los corruptos se había convertido en blanco de acusaciones provenientes de todos los litorales políticos. A Collor de Mello no le valió nada. Cayó, y con su caída Brasil emprendía un nuevo sendero.

Hoy, los papeles parecen invertirse. A Rousseff no se le ha acusado de apropiación de recursos ni enriquecimiento ilícito, pero los escándalos de corrupción que se han detectado en Petrobras, por los que han sido juzgados y condenados prominentes empresarios y dirigentes de su partido, han incidido, en combinación con la contracción económica, en el juicio que podría costarle la Presidencia. Ella se ha defendido con la politización del caso, señalando que la oposición, en la que ahora tiene que involucrar a antiguos aliados de su partido, “quieren tomar por la fuerza lo que no conquistaron en las urnas”. Y calificó el impeachment como “el mayor fraude jurídico y político de la historia del país”.

Sin embargo, en los predios de la oposición se tiene otro criterio sobre el caso. Los autores del expediente sostienen que la Presidenta fue quien dio un golpe a las instituciones y a la nación. “Dio un golpe cuando ocultó que el país estaba en quiebra, mientras se hacían inmensos gastos públicos innecesarios”, sostienen los juristas Miguel Reale Junior, ministro de Justicia durante el Gobierno de Fernando Henrique Cardoso, y Helio Bicudo.

Con por lo menos 100 de sus miembros implicados en casos de corrupción la decisión de la Cámara de Diputados de enviarla a juicio se presta a conjeturas. Pero el antecedente del proceso contra Collor de Mello cuestiona las razones políticas, aunque las haya.