Creemos llegado el momento en que cada quien pague al Estado Dominicano la obligación impositiva que le corresponde, y de esa manera el gobierno reciba los recursos necesarios para sus planes de desarrollo y progreso, y superar el capítulo de que únicamente la clase media tribute al fisco, mientras la todo poderosa clase empresarial exhibe una historia de impunidad arancelaria.

El gobierno del presidente Danilo Medina ha presentado al país un proyecto de reforma fiscal necesario para el impulso de la nación. Sin embargo, la pieza ha encontrado la objeción de algunos grupúsculos, principalmente del sector empresarial, que se empecinan en ratificar su histórica conducta de no pagar impuestos y de oposición a todo lo que disminuya sus inmensos privilegios.

Desde la caída de la tiranía trujillista hasta nuestros días, la clase empresarial ha vivido con un conjunto de ventajas desmedidas que laceran el desenvolvimiento de la vida institucional del país.

No ha habido gobiernos desde el ajusticiamiento del sátrapa que no le haya dado concesiones fiscales a las grandes empresas. Uno de esos momentos que retratan fidedignamente el barril sin fondo que representa la clase empresarial, es la ley 299 de protección e incentivo industrial, promulgada en 1968. Empero, ya antes de esa fecha existía un proceso de sustitución de importaciones que fue aprovechado hasta el hartazgo por nuestra clase empresarial. Asimismo, el fondo FIDE, instrumento que favoreció grandemente a nuestros hombres y mujeres de empresa, y el festival de exoneraciones durante el gobierno del triunvirato, fruto de la ley 4 de Protección e Incentivo industrial.

Y ni hablar de las prebendas de esa época hasta la fecha otorgadas al mundo empresarial. Es por esto que la Reforma Fiscal gubernamental debe marcar el punto final de esa triste historia.