Editorial

De orden público

De orden público

El combustible podría escasear en las próximas horas si persiste la huelga indefinida que inició el viernes el Sindicato de Transportadores de Petróleo y Afines, lo que trastornaría todas las actividades productivas y de servicio, por lo que se requiere rápida intervención de las autoridades para desinflar ese problema.

La Constitución de la República prohíbe huelgas y paros que afecten servicios vitales o de orden público, como salud, educación, electricidad, agua potable y transporte, pero aun así son frecuentes las interrupciones en esos sectores, como ocurre ahora con  el paro de transportistas de petróleo.

En vez de procurar algún tipo de avenencia laboral con los choferes de tanqueros que acarrean combustibles desde la Refinería hacia  las estaciones, las empresas distribuidoras simplemente advierten al Gobierno sobre una inminente situación de desabastecimiento.

El Ministerio de Trabajo interviene en los conflictos laborales en calidad de componedor entre las partes, por lo que patronos y sindicatos tienen deber y obligación de procurar acuerdos o pacto que garanticen óptima relación entre trabajadores y empleadores.

No debería  aspirarse a que el Gobierno incline  balanza hacia uno u otro  sector en  disputa,  aunque se  subraya que  la ley prohíbe la paralización de actividades de orden público o que afecten la seguridad nacional.

El posible desabastecimiento de gasolina, gasoil, gas propano y otros  combustibles causaría un severo daño al sector productivo y a la economía en general, ya zarandeados por los efectos de una  dilatada crisis fiscal, por lo que urge sofocar ese conflicto.

La comercialización interna de   derivados de petróleo involucra a un volumen de decenas de miles de millones de pesos, por lo que se requiere que las  empresas intervinientes en tan lucrativo negocio propicien pactos laborales provechosos para sus trabajadores y de larga vigencia.

 La intervención del Gobierno, reclamada por  distribuidores y el sindicato de transportistas, debe procurar en primer término la reanudación de  los despachos de  combustibles desde la Refinería de Petróleo para que posteriormente el Ministerio de Trabajo inicie una necesaria labor de mediación.

El Nacional

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