Editorial

Delincuentes

Delincuentes

El asesinato de un coronel de la Policía Nacional  por el impacto de un tiro de fusil en la cara durante un intempestivo ataque armado desde el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) consterna e indigna a la sociedad que también se acongoja por el saldo de un muerto y diez heridos durante manifestaciones en  municipios del Cibao.

Julián Suárez Cordero, comandante  en la zona sur del Distrito Nacional, cayó mortalmente herido por el impacto de una bala disparada por individuos que, según  el jefe de la Policía, mayor general José Armando Polanco Gómez, ingresaron armados con fusiles a la UASD y atacaron  al contingente policial que acudió al lugar a  enfrentar los disturbios.

En San Francisco de Macorís murió Félix Hernández Valentín, de 24 años, en otra extraña balacera  entre policías y manifestantes que también se repitió en Bonao, Santiago, Mao y otras  ciudades del Cibao.

Se reputa como muy grave que un oficial superior de la Policía  haya caído  por disparo de fusil hecho, según el mayor general  Polanco Gómez, “por cinco o seis  delincuentes terroristas” que ingresaron al campus de la UASD  con armas largas o pertrecho militar.

Llama la atención que  las acciones de violencia escenificadas en días  sucesivos en   diversas localidades del  Cibao y en la Universidad Autónoma, con saldo de muertos y heridos fueron  convocadas o auspiciadas por  grupos innominados que recurren al ardid de   reclamos como el de exigir la nacionalización de la Barrick Gold o  de rechazo a la explotación de Loma Miranda.

No resulta nada común que  el  coronel comandante de un contingente policial que  acude a la UASD a sofocar un  disturbio  estudiantil resulte muerto de un disparo de fusil  en el rostro, disparado -se dice- por  una especie de comando armado que penetró al recinto académico con el propósito de producir una tragedia de esa magnitud.

Es por eso que se reclama que  los sucesos que derivaron en la muerte  del coronel Suárez Cordero  se investiguen a profundidad, a los fines de que los responsables de tan cobarde acción sean identificados y sometidos a la justicia. Una investigación similar debe  encaminarse en el caso de la muerte del civil  Hernández Valentín.

Las autoridades de la Universidad Autónoma están compelidas a impedir por todos los medios  que esa academia desempeñe el penoso rol de guarida de delincuentes  que aprovechan el  fuero universitario para imponer  el terror,  destruir propiedades públicas y privadas y  disparar  con fusiles contra las autoridades, con saldo trágico como  el asesinato del coronel Julián Suárez Cordero, de un tiro en el rostro.

El Nacional

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