Hace cinco años, un grupo de ciudadanos, representados por los abogados Juan Miguel Castillo Pantaleón y Hugo A. Ysalguez, interpuso una acción directa de inconstitucionalidad de extrema urgencia ante el tribunal que tiene la primacía de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, y a la fecha de hoy no ha fallado mientras evacúa sentencias sobre diferentes violaciones sometidas y ventiladas por la alta corte, olvidando una transgresión relacionada con la nacionalidad de los dominicanos y el modo de adquirirla.

La decisión atacada lo es el decreto 262-20 promulgado por el Poder Ejecutivo en fecha el 16 de julio del 2020 publicado en la Gaceta Oficial no.10980, mediante el cual se concede la naturalización en condición ordinaria a 750 haitianos, violando preceptos legales contenidos en leyes adjetivas y constitucionales, por lo que está afectado de nulidad absoluta.

Por mandato expreso de los artículos 18.7 y 19 de la Ley de Leyes el indicado decreto está supeditado a la exigencia del cumplimiento, conforme a las condiciones y formalidades requeridas por las leyes en materia de naturalización, y para justificar su decreto, el presidente de entonces, Danilo Medina, invoca las normativas vigentes que son las reglas 1683 de 1948 y 169-14 y hace referencia a la ley 285-04 sobre Migración.

Sin embargo, la acción de los letrados está acompañada de pruebas oficiales que ya han sido establecidas y certificadas por el propio ministerio de Interior y Policía, resaltando que ninguno de los requerimientos establecidos por la ley 169-14 y las disposiciones de la ley 1683, fueron satisfechas para el trámite de las solicitudes de naturalizaciones ordenadas por decreto de marras.

La injustificada demora del Tribunal Constitucional de fallar oportunamente ha tenido como nefasta consecuencia acumulaciones que se relacionan con el tema que, a la vez, dan origen a que el Poder Ejecutivo continúe el derricadero de seguir concediendo el derecho a la nacionalidad de decenas de haitianos que no reúnen requisitos y formalidades exigidas por la ley sustantiva y normas adjetivas, como ocurrió recientemente que fueron naturalizados un grupo de haitianos ilegales.