Hace unos meses, en el pórtico del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, había aglomeraciones de personas que se proponían entrar al edificio para formular denuncias y querellas por robos, asaltos, golpes y heridas en el departamento habilitado para esos fines. El mismo escenario era observado en el gigantesco recinto que aloja los tribunales en la provincia de Santiago.

Situación similar se registraba en las fiscalías barriales del Distrito Nacional, principalmente las ubicadas en Cristo Rey y en el Km 9 de la autopista Duarte. Actualmente, se observa una disminución sustancial de presencia de los agraviados, por la inercia del Ministerio Público en darles respuestas a las víctimas que buscaban auxilio.

Aunque es cierto que los fiscales no cuentan con las herramientas necesarias para agilizar una investigación, y en muchos casos existe una dilación para conseguir una orden de arresto de un juez para apresar a una persona que está siendo investigada, no es menos cierto que se aprecia dejadez y desgano en algunos miembros del Ministerio Público para hacerle frente a la cantidad de denuncias y querellas que se presentan.

Frente a esta realidad axiomática, muchas víctimas rehúsan ir a las fiscalías, pues entienden que es una pérdida de tiempo. Es el caso de la presentadora y diplomática, Socorro Castellanos, que fue asaltada recientemente y declaró que no iba a formalizar ninguna denuncia, dado que fue atracada en una ocasión, y las autoridades fueron indiferentes y no hicieron nada por su caso.

Hace poco, el Código Procesal Penal fue modificado en más de 100 artículos para lograr una mejor aplicación. Sin embargo, la normativa sigue siendo una ventana muy abierta y amplia para que los imputados obtengan su libertad con facilidad. Se necesita un gran cambio en el sistema procesal, a los fines de ponerle un candado a las brechas que existen para actuar con complacencia con los transgresores de la ley.

La normativa procesal, en su artículo 262, señala que toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública puede denunciarla antes el Ministerio Publico, la Policía o cualquier otra agencia ejecutiva que realice actividades auxiliares de investigación. Asimismo, cualquier persona puede denunciar la faltas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de derechos humanos.