Hace unos ocho años, las embajadoras de Francia y España se quejaron de la inexistencia de seguridad jurídica para proteger los intereses de los inversionistas de sus países. Igual denuncia formularon recientemente empresarios españoles. El presidente Danilo Medina introdujo un proyecto de ley, denominado La Estrategia Nacional de Titulación de Inmuebles. Se trata de una pieza extremadamente peligrosa, en razón de que atenta contra el derecho de propiedad.

El proyecto viola derechos fundamentales, consagrados en la Carta Magna y protegidos por leyes adjetivas. De entrada, viola el artículo 51 de nuestra Carta Magna que expresa: El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad implica obligaciones.

La iniciativa presidencial busca despojar del derecho de propiedad, de manera arbitraria, antojadiza y alegre, a los legítimos dueños de la tierra. El párrafo 3 del artículo 97 de la ley que crea la Jurisdicción Inmobiliaria, indica que cuando un inmueble sea objeto de expropiación por el Estado Dominicano el Registro de Titulo respectivo no procederá a registrar la transmisión de ningún derecho sobre dicho inmueble hasta que haya demostrado que el titular del derecho registrado ha percibido del Estado dominicano la totalidad del importe correspondiente a dicha expropiación.

Más aún el principio IV de la ley 18-05, refuerza el derecho de propiedad cuando cuando manifiesta: que todo derecho registrado de conformidad con la presente ley es imprescriptible y goza de la protección y garantía del Estado. Esta norma reitera que los derechos de los propietarios nunca prescriben.

Sería razonable y haría bien, si el presidente Medina retira el proyecto de marras para evitar un caos que podría degenerar en una situación de ingobernabilidad que estremecería los cimientos del Estado mismo.