El Juez Rubén Darío Uceta acaba de otorgarle permiso para 120 salidas a Candy Caminero, reo condenado definitivamente a la pena máxima de 30 años, por haber intentado asesinar a Jordi Veras Rodríguez, el 2 de junio de 2010. El sicario Caminero, era policía al momento en que fue contratado por Adriano Román, a la sazón preso y condenado a 20 años, por haber procurado fallidamente vía sicariato, la muerte de su ex esposa, Miguelina Llaverías.

A 2 años de la tentativa criminal, orquestada desde la cárcel de Rafey y por un acuerdo entre una universidad y el sistema, con apenas 9 de los 30 de reclusión sentenciados firmemente, este sujeto podría hacer la pasantía en los mismos tribunales donde ejerce su víctima.

Es cierto que un imputado tiene derecho a reinsertarse en la sociedad, pero previo a una intervención extensa, profesional y profunda, de investigación, diagnóstico psicosocial con proyecciones sobre la rehabilitación posible, en un ambiente de equilibrio permanente, en el que, la relación tiempo espacio, es fundamental. Y esta relación, en nuestro país, no se da mínimamente, por lo que una persona que ya es adulta y siendo policía se presta para planificar y matar a alguien con quien no tiene relación, y lo hace por dinero, necesita más para transformarse. La pena máxima impuesta definitivamente fue correspondiente al crimen.

En un trabajo realizado por la Profesora de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Santiago de Compostela, en España, para 2016, y sobre el tema, ella expresa que, en el caso de delitos graves contra las personas, como el homicidio o el asesinato, parece preferible evitar que el ofensor, en sus salidas de prisión, pueda reencontrarse con su víctima, de acuerdo a la jurisprudencia europea, que es la que ella consulta para su trabajo.
Sorprendentemente, nuestro Estado sigue favoreciendo a las personas imputadas, manteniendo su garantismo de manera expresa, pero no acaba de crear políticas de protección de las víctimas y el ejemplo no es solo abundante en los crímenes contra las mujeres, cuya referencia podemos leer en la prensa.
El juez otorgador, podrá alegar que, al condenado, irá a sus prácticas “súper vigilado” por dos policías o tres, sabiendo que, a las dos salidas, ya esos policías formarán parte del entorno íntimo del reo, si no sucede antes, con lo que, la seguridad pretendida, es una quimera en nuestra realidad.

Cómo no va a ejercer por 21 años más, podrían dejarle la práctica para después, cuando al menos cumpla un porcentaje de su condena que no signifique un relajo para este pueblo.