República Dominicana es víctima hoy de una encarnecida campaña internacional de descrédito sustentada en el epíteto de Estado racista, a cuyo Tribunal Constitucional se acusa de convertir en apátridas a 200 mil ciudadanos de origen haitiano, sin que los patrocinadores de ese despropósito reconozcan que esta es una nación soberana que ejerce su derecho a fijar el alcance de la nacionalidad y a regularizar la inmigración a su territorio.

Aunque se trata de una cifra exagerada y de una condición (apátrida) irreal, quienes objetan el fallo de esa alta corte les asiste derecho a expresar libremente sus argumentos, mas no a proferir infamias contra un país cuyo pueblo ha sido solidario con un vecino que sí ha sido esclavizado por potencias imperiales y abandonado a su suerte por el primer mundo.

Gente, como el escritor Mario Vargas Llosa, que conocen como el que más la idiosincrasia del dominicano, incurren en el atrevimiento de comparar a este país con el infierno nazi y calificarlo como un Estado paria, a pesar de que admiten que República Dominicana ha sido siempre solidaria con Haití.
El diario español El País, muy conocido por su patológica animadversión hacia Latinoamérica y el Caribe, ha colocado el mapa de República Dominicana sobre la bandera del Tercer Reich, ofensa inaceptable, que ha sido enfrentada por los embajadores dominicanos en Madrid y Londres.
Periódicos como The NY Times, de Estados Unidos y Le Monde, de Francia, asumen como cierta la estrambótica cifra de 200 mil hijos de indocumentados que quedarían en la absurda condición de apátridas, sin que se mencione que la sentencia del Tribunal Constitucional ordena regularizar la situación migratoria de quienes resulten afectados por ese fallo.

Pequeñas naciones enclavadas en la frontera imperial del Caribe han colocado el índice acusador contra esta tierra de primacías, la mayoría en coro de hipócritas, pues sus gobiernos se exceden en la aplicación de leyes migratorias, como el caso del primer ministro de San Vicente y Granadinas, quien envió una misiva de contenido insultante e irrespetuoso al presidente Danilo Medina.

Lo primero que la comunidad internacional debería saber es que los hijos o ascendientes de indocumentados no serán deportados o repatriados, como ocurre en España, Estados Unidos y Perú, ni tendrán la condición de apátridas o excluidos, porque lo que procura el juez de control constitucional es que finalmente adquieran la nacionalidad de conformidad con el Texto Sustantivo y la Ley de Migración.

La campaña de descrédito contra República Dominicana tiene ya ribetes de gravedad porque es promovida desde grandes metrópolis, con el concurso de mentados liberales siempre al servicio de grandes corporaciones y de gobiernos del vecindario tan sumisos como ingratos. Gobierno y buenos y verdaderos dominicanos están compelidos a defender aquí y en todas partes el gentilicio nacional, invaluable herencia de Duarte y los trinitarios.