Al expediente Odebrecht se suma las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el senador Félix Bautista, a quien le imputa utilizar influencia para obtener contratos de obras públicas en Haití, lo que agrava la situación de descrédito que aflige a la clase política dominicana.

En estos días, la prensa informa sobre el expediente de soborno, prevaricación y lavado de dinero incoado por el Ministerio Público contra siete encartados, incluido un senador, expresidentes del Senado, exfuncionarios, empresarios y abogados, cuyo contenido provoca a muchos llevarse las manos a la cabeza.
Actores de primera línea en el liderazgo partidario han sido involucrados en supuestos ilícitos penales, muchos de los cuales se han librado de encarnizados procesos judiciales porque sus expedientes fueron archivados por insuficiencia de pruebas.

No se exagera si se dice que el liderazgo político atraviesa por una severa crisis reputacional, al punto que bajo la lupa ciudadana no son muchos los líderes y dirigentes que quedan exentos de sospecha por comisión u omisión de actos que colisionan con la ética o propia ley.

Los Departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos no son tribunales, por lo que el congelamiento de supuestas cuentas y cancelación de visados al senador Bautista se asumen como medidas administrativas de orden interno que, no obstante, tienen nociva repercusión sobre el escenario político y jurídico dominicano.

La retención de fondos por parte de la Junta Central Electoral a partidos políticos que no han presentado el informe contable sobre uso de dinero público, constituye otro baldón que obnubila la credibilidad hacia el sistema partidario, al igual que el circo que se ha montado alrededor de la Ley de Partidos.

El escándalo de Odebrecht se basta por sí solo para ahogar en el descrédito a personas e instituciones cuya misión debe ser la de servir de sostén y promover la consolidación de un tipo de democracia política basada en la transparencia y obediencia a la Constitución y a las leyes, pero son muchos los casos y situaciones que agravan el déficit de solvencia en el ámbito partidario, que a su vez infecta el quehacer en escenarios de los poderes públicos.

Urge que líderes y dirigentes, en funciones públicas o en la dirección de partidos políticos encaminen esfuerzos serios para recomponer una maltrecha reputación que evidencia la inoperancia de los órganos de regulación y sanción contra una percepción de corrupción cada vez más extendida e impune.